La semana pasada, un nuevo fallo de la Corte Suprema aumentó la condena en contra del general en retiro Juan Emilio Cheyre, sentenciado el 2018 por el juez Mario Carroza como encubridor de los 15 homicidios perpetrados por la Caravana de la muerte en su paso por La Serena en octubre de 1973.
La segunda sala del máximo tribunal cambió los cargos de Cheyre al de cómplice y aumentó su condena a cinco años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de libertad vigilada.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, y quien fue distinguida el 2023 con la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, saludó el fallo como un avance -aunque tardío y tortuoso para los familiares y los abogados, dijo- para quienes han reclamado por justicia ante un crimen cometido hace más de 50 años.
Alicia Lira, apuntó a la manipulación del Nunca Más por parte del militar en retiro que fue nombrado comandante en Jefe del Ejército durante el gobierno de Ricardo Lagos y quien llegó a presidir el consejo directivo del Servel durante el primer mandato de Sebastián Piñera, designación a la cual renunció luego que saliera a la luz pública su complicidad en el caso Lejderman-Ávalos con la entrega de su hijo sobreviviente, Ernesto Lejderman, a un orfanato en Vicuña en 1973.
La presidenta de la histórica agrupación de derechos humanos, recordó el largo camino recorrido por los familiares quienes recién pudieron recuperar los restos de las víctimas en 1998 en el cementerio de La Serena. También apuntó a otras causas de violaciones a los DDHH que involucrarían al ex comandante, de modo que el reciente fallo simboliza un hálito de esperanza para avanzar en ellas, señaló:
Por otro lado, la presidenta de la AFEP, apuntó a la falta de custodia con la que se realizan las penas remitidas tal como sucede con la pena de libertad vigilada. En esa línea emitió una severa crítica al Congreso que durante más de una década no ha legislado para avanzar en profundizar las sanciones a los crímenes de lesa humanidad.
El proyecto de ley sobre degradación militar (Boletín 9351-02) actualmente se encuentra archivado, mientras que el proyecto que buscaba tipificar como delito la incitación a la violencia, fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional el 2020. El año pasado en marzo, la Diputada de la bancada comunista, Carmen Hertz, presentó una nueva propuesta que tipifica el delito de negacionismo en relación a lo ocurrido entre el golpe de Estado de 1973 y 1990.
Alicia Lira también indicó que no han existido avances durante varios gobiernos respecto a interpretar el artículo 93 del código penal sobre extinción de responsabilidad penal y el artículo 103 de la llamada “media prescripción”, con el fin de que las condenas sean realmente acordes a la gravedad de los delitos:
Entre otras aristas, la Presidenta de la Agrupación contrastó esos desprovistos progresos con la aprobación de la Ley Naín Retamal cuya tramitación demoró tan solo un par de meses, a su vez, que apuntó a la impunidad de la que han gozado los civiles en los ya cumplidos 50 años del Golpe:
Acerca de la entrega de información por parte del Ejército en causas de violaciones a los derechos humanos, Alicia Lira indicó que es inaceptable que no la tengan, a lo que tampoco han accedido jamás de manera voluntaria, precisó.
Pese a ello, incluso se les ha alabado, dijo, como ocurrió en el cierre de la Mesa de Diálogo bajo el gobierno de Lagos, en desmedro de reconocer la lucha soportada por los familiares y sus abogados en la búsqueda de verdad y justicia:
Bajo esa lógica, señaló que no ha existido un debido gesto a la labor incansable, por ejemplo, de Carmen Vivanco, Sola Sierra, Berta Ugarte, Otilia Vargas, Michelle Nash padre, quienes entregaron su vida a la lucha por los derechos humanos, y que a cambio, hay una deuda pendiente con estos defensores que merecen más respeto y valor a su labor incansable.
