En la mañana del martes, parlamentarios de oposición presentaron una acusación constitucional contra el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el marco del caso Convenios, indicando que la autoridad de gobierno tendría eventualmente responsabilidad en los hechos que actualmente se encuentran en investigación.
El documento fue presentado por representantes de Chile Vamos, Republicanos, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano, quienes aunaron sus respectivos libelos en una redacción común.
El Diputado Jorge Durán, firmante de acusación constitucional, aseveró que junto al equipo jurídico de Renovación Nacional, han concluido méritos suficientes para acusar al ministro, mientras que su correligionario, el diputado Hugo Rey, agregó que existe una negligencia evidente y un descontrol -como nunca se ha visto en los últimos años- de parte de una autoridad de gobierno.
Desde el ejecutivo expresaron tener confianza y la tranquilidad de que no hay argumentos jurídicos ni tampoco políticos que sustenten una acusación. En tanto, ya en el informe entregado por la subsecretaría, se esclarece que no existe irregularidad alguna y que Montes actuó oportunamente:
“Cuando estalló el escándalo del caso Convenios, al día siguiente actuó. Al día siguiente estableció responsabilidades políticas, fue a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía en Antofagasta, puso a disposición del Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República todos los antecedentes”, se precisa en el comunicado “Vocerías de gobierno sobre Acusación Constitucional contra ministro Montes”.
Por otros parte, también se indica que Contraloría valoró las medidas tomadas por el Ministerio de Vivienda para adelantarse a la Ley de Presupuesto y corregir las brechas institucionales que permiten el mal uso de los recursos públicos, así como la solicitud presentada para que los recursos a Democracia Viva, fuesen ocupados en políticas públicas.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, apuntó que una acusación constitucional implica a gran parte del sistema político y particularmente a los parlamentarios. También indicó que todas las acusaciones presentadas por la oposición, cuyo número es mayor a las presentadas en el período anterior cuando eran gobierno, han sido rechazadas.
En esa lógica, el ministro Elizalde llamó a no alimentar una pelea política inconducente que solo significa una distracción en la labor pública y que resta tiempo tanto al ministro de vivienda como a los otros ministros que deberán participar en su defensa.
“A través de esta acusación, terminamos todos metidos en una pelea política inconducente que no resuelve ningún problema de los que afectan a nuestros compatriotas y que representa, insisto, una distracción respecto de lo que realmente importa, que es sacar adelante la pega, impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos”.
