Este lunes en Villa Grimaldi, centro de memoria que en dictadura funcionó como centro ilegal de detenciones y exterminio, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) presentó su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en Chile.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, el ministro de Justicia Luis Cordero, La directora del INDH, Consuelo Contreras, La Corporación Parque para la Paz Villa Grimaldi, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y diferentes parlamentarios y parlamentarias.
El informe entregado al presidente, contiene 6 capítulos que abordan diversas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, este texto es presentado en el marco de los 50 años del golpe de Estado y del día internacional de los derechos humanos en su aniversario número 75.
En el acto de entrega del informe, Álvaro Ahumada San Martín, director de la Corporación Parque para la Paz Villa Grimaldi, emitió un pequeño discurso, luego la agrupación Cueca Sola entonó y bailó su tradicional pieza de cueca rememorando a sus familiares 5 detenidos desaparecidos: Juan Luis Rivera Matus, Manuel Recabarren Rojas, José Julián Peña Maltes, Cesar Ávila Lara y Raúl Montoya Vilches, además de Carlos Albertos Cuevas Moya, ejecutado político, pero extendiendo el homenaje a cada uno de las y los caídos.
Álvaro Ahumada San Martín valoró la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, pero también señaló lo preocupante que es el avance del negacionismo y la impunidad en la sociedad chilena y el mundo. “Nos alarma que la declaración universal de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se convierta en letra muerta, cubierta de escombros y de cadáveres de civiles inocentes, sin embargo, a pesar de la injusticia y la violencia que a ratos abruma seguimos blandiendo esperanzados tal declaración Universal (…) se lo debemos a las y los que ya no están, es el mínimo reconocimiento al compromiso y dignidad que las personas desaparecidas o ejecutadas en este reducto o en otros centros de exterminio”.
El presidente, Gabriel Boric, valoró que la entrega del informe anual de los derechos humanos fuera en Villa Grimaldi y además criticó fuertemente que se cuestione el financiamiento a los parques del recuerdo y la memoria.
El informe fue entregado directamente al presidente de la República y al equipo del Ministerio de Justicia, el presidente manifestó que sentía un profundo agradecimiento con el INDH, por manifestar los temas pendientes en el cumplimiento del Estado con el respeto irrestricto a los derechos humanos y la democracia.
Por otra parte, Gabriel Boric, se tomó un tiempo para criticar fuertemente al negacionismo de la derecha chilena, quienes en el marco de los 50 años del golpe emitieron un documento oficial, justificando abiertamente el golpe civil-militar. El presidente señaló: “El golpe de Estado es esencialmente indisociable de las violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, no es posible justificar uno y condenar otro, son parte del mismo entramado”.
Finalmente, Gabriel Boric, también se tomó un momento para manifestar la necesidad de reformar la Asamblea General de Las Naciones Unidas en vistas que esta no incide directamente para salvaguardar los derechos humanos de los pueblos del mundo. Como ejemplo, el presidente comentó la reciente votación por el alto al fuego humanitario en Gaza, que solamente Estados Unidos vetó.
El contenido final del documento, se agrupa en 7 capítulos:
El primero de estos, hace mención a los 50 años del Golpe de Estado en Chile, contemplando los avances y las deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia.
En este capítulo se valora la ideación y ejecución del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada, pero se constata que a 50 años del golpe, el 73% de las recomendaciones de los informes anuales del INDH no se han tomado en cuenta o están pendientes.
Además, se observa con preocupación que el decreto de Ley de Amnistía de 2.191 de 1978 dictada en plena dictadura que concedía el perdón judicial a los violadores a los derechos humanos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo del 1978.
El segundo capítulo, catalogado como “inédito” trata sobre las Violencias y Vulneraciones de Derechos Humanos en la Región Centro-Sur de Chile, pero referidas a hechos cometidos por agentes no estatales, cuestión que llama la atención considerando la cantidad de violaciones de derechos humanos denunciados por comunidades a agentes estatales en la zona. El informe se valió de diferentes fuentes, como organizaciones de la sociedad civil, víctimas de la violencia rural, comunidades mapuche y autoridades regionales.
En ese sentido, se detectaron brechas en la seguridad personal de las personas, así como en la libertad de educación y religión y los derechos de circulación y propiedad.
Sobre educación se constata con preocupación que existe una afectación al derecho que mantiene un alcance limitado geográficamente donde el Estado ha tomado medidas insuficientes.
El tercer capítulo comprende los principios de No Discriminación de los Derechos Sociales, en su contenido, se aprecia que persiste una mirada biomédica que no aborda la atención de salud, los problemas de integración de las personas con algunos tipos de discapacidad y a las personas LGBTQ+
Además, el informe establece que las Isapres castigan a las mujeres con cobros muchos más elevados en sus planes de salud.
El cuarto capítulo aborda la Función Policial y el Orden Público, estableciendo la inefectividad de los controles de identidad preventivos, los que además no se han ajustado a los estándares internacionales.
También se señala con preocupación la falta de fiscalización de las sustancias lacrimógenas tanto de la institución policial como del Ministerio del Interior.
El quinto capítulo corresponde a la Gestión de Desastres en Chile desde la perspectiva de los Derechos Humanos, aquí se establece que existen brechas en el diseño e implementación de la ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas y Desastres.
Además, se constata una falta de distribución de recursos financieros a nivel local, lo que impacta en las iniciativas de preparación ante los desastres y reconstrucción
El sexto capítulo y final, aborda el Derecho a la Identidad y a la Convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en nuestro país. Constando que existe aún una cifra incierta de miles de menores de edad que fueron dados en adopción de manera ilegal tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Además, se señala que el Estado ha actuado de manera insuficiente para lograr establecer instancias o políticas públicas que permitan asumir estos hechos, ocurridos principalmente durante la dictadura, pero que siguen ocurriendo en democracia.
