El abogado José Ignacio Núñez enfatizó en la alta carga valórica de la redacción constitucional que no sólo se encuentra en el ámbito personal o íntimo -como se ha visto reflejado en la enmienda para la protección de quien está por nacer- sino también en lo social, pues la protección a libertad de emprendimiento en materia educacional, la defensa de un determinado modelo de pensiones, también lo es, precisó.
“Esta constitución está tendiendo a ser maximalista, moralizante, a imponer una postura moral específica que abarca distintos aspectos, desde la vida privada hasta la vida pública, cuestiones tan importantes como la educación, la salud, las pensiones”.
Respecto a la objeción de conciencia institucional advirtió que tal iniciativa va más allá del requisito elemental para ejercer este derecho que es poseer conciencia: ”Las personas jurídicas o instituciones son entes abstractos que adquieren obligaciones y ejercen derechos. Difícilmente se puede predicar que son titulares de conciencia u objetores”.
De esa manera, señaló que se abre la puerta a la judicialización con estos conceptos tan inasibles y difíciles de explicar en términos jurídicos, indicando que en la siguiente etapa de observaciones de la comisión experta, es esperable que se propongan modificaciones. “Nadie que quiera a Chile, quiere un fracaso nuevamente con una nueva Carta fundamental”, expresó.
