En conversación junto a Isidora García, Coordinadora de Incidencia Techo Chile, y luego con el abogado del Centro de Investigación y Defensa del Sur Cidsur, Leopoldo Huichalaf, se aborda la preocupación con la que han seguido este proyecto de ley que busca aplicar con cárcel las tomas de terrenos y respaldar la legítima defensa privilegiada.
La integrante de Techo señaló que actualmente en Chile existen 1290 campamentos con más de 113 mil familias.
Respecto a la ley de usurpaciones indicó que si bien está obsoleta, el problema es que el proyecto no distingue distintos tipos de usurpación violenta o de fines comerciales como los loteos brujos. “Por tanto, los casos no son tratables de la misma forma, donde hay en ellos una necesidad apremiante de encontrar dónde vivir”, explicó
Por otro lado apuntó a que lo más grave no es sólo la sanción de cárcel a todo tipo de usurpación, sino también la disposición a la legítima defensa privilegiada, es decir, si alguien se defiende por cualquier medio, está investida la carga de la prueba: “Es incitar a la violencia entre civiles”, precisó.
Otra situación que se vería altamente afectada son las comunidades mapuche cuya demanda histórica responde a la recuperación de tierras.
Por su parte, el abogado Leopoldo Huichalaf, indicó que el proyecto ha sido impulsado por grupos económicos poderosos del sur de Chile como APRA o la Asociación de Agricultores de Malleco.
También señaló que al igual que la ley Naín, este proyecto entrega herramientas a las policías para que sin mediar resolución alguna, hagan ingreso y saquen a personas desde el lugar que se puede considerar como sus viviendas.
Con ello se está vulnerando el derecho a la inviolabilidad del hogar y de las telecomunicaciones, explicó.
