Por 69 votos a favor y 78 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, culminando con esto el proceso.
La polémica acusación es la cuarta de la oposición que fracasa en el gobierno de Gabriel Boric, antes fueron Izkia Siches de Interior, Giorgio Jackson de desarrollo social y Marcela Ríos de justicia, todas ellas fueron rechazadas en la cámara.
María Luisa Cordero y el partido Republicano, fieles a su estilo provocador, llevaron el debate político a lo más bajo del conservadurismo y la homofobia como el país no veía en años. Diversos parlamentarios oficialistas y presidentes de partidos se cuadraron respecto a que no se mantenían fundamentos para una acusación constitucional, más que la discriminación al ministro por su condición sexual.
La defensa del ministro
El abogado Francisco Cox, a nombre del ministro Ávila presente en el hemiciclo, subrayó que este libelo acusatorio desvirtúa el verdadero sentido de la acusación constitucional. “Lo presentado por la diputada Cordero, explicó el defensor, es un buen comienzo de fiscalización, de una interpelación, pero no de una acusación”.
A su juicio, hay falta de compasión con niños, niñas y adolescentes que pertenecen a grupos que no tienen acogida. Que, por ejemplo, sufren bullyng y discriminación por ser trans, gays o lesbianas.
Asimismo, criticó que se busque cortarle las manos al ministro para que no pueda ejercer su profesión en un establecimiento público.
Reacción del gobierno
Desde el gobierno celebraron la votación, «Este es un acto de justicia frente a una Acusación Constitucional que no cumplía con los requisitos jurídicos mínimos. La Cámara ha reafirmado que el ministro nunca infringió o dejó sin efecto la ley».
Asimismo, reconocieron que el debate, el diálogo sobre la educación era legítimo y necesario, sin embargo, criticaron la fuerte discriminación en la que se basaba dicha acusación «las miradas discriminatorias y homofóbicas no son legítimas ni ayudan a un Chile para todos y todas».
El gobierno pone foco en que ahora el ministro volverá a centrar su atención en la tarea de mejorar la educación pública en todos sus ámbitos.
Por último, se manifiesta el desgaste que suponen las acusaciones constitucionales para el trabajo legislativo, lo que impide que el congreso se preocupe de temas más importantes para el gobierno y los movimientos sociales, como las esperadas reformas tributarias y previsionales. «Las AC no son el camino para resolver diferencias políticas, el instrumento debe ser utilizado para lo que está diseñado. Chile tiene grandes urgencias, y un día entero sin legislar es una pérdida de tiempo valioso que podría estar siendo usado para ayudar a las familias».
