A una semana de iniciar las sesiones del Consejo Constitucional, el candidato Mapuche Alihuen Antileo se refiere a la responsabilidad del organismo y su mesa directiva en la implementación de la Consulta, así como al articulado clave para los intereses de los pueblos originarios en este nuevo escenario constituyente.
Consciente de lo acotado de los plazos, el representante de los pueblos originarios indicó que el primer día ingresaron una solicitud a la Mesa Directiva del Consejo para que oficiara al Ministerio de Desarrollo Social, y se proceda en la implementación de una consulta, “toda vez que se van a discutir y adoptar decisiones con implicancia constitucionales y legales y que van afectar la vida de los pueblos indígenas”.
Acorde a lo contenido en el Convenio 169 de la OIT, Alihuen Antileo señaló que en su artículo N° 6 se señala que “cada vez que un organismo adopta decisiones administrativas o legislativas que afecta a los pueblos indígenas, debe realizarse una consulta” .
Sobre el cómo se implementará la instancia y con qué recursos es algo que se deberá coordinar con las entidades gubernamentales, pero es el Consejo quien deba solicitar, coordinar y ofrecer una modalidad para realizar la consulta, señaló.
Si contrariamente no se realiza la consulta, observó que el órgano estaría contradiciendo la ley, incumpliendo los bordes y el principio de legalidad, y de esa manera, es probable que actores indígenas recurran a los tribunales exigiendo que se realice la consulta o soliciten la cautela de organismos como la ONU.
“Al regularse el proceso debió haberse planteado este escenario y no se hizo; vino el trabajo de la comisión y tampoco se planteó en ninguna instancia; esta serie de omisiones nos llevan a esta situación. Los plazos son muy breves, pero no es responsabilidad nuestra”, indicó.
Valorando el rol del Convenio en evitar la adopción de medidas y políticas asimilacionistas, Alihuen Antileo, indicó que parte de los artículos merecen ser debatidos al interior del Consejo y en la consulta, entre ellos, los que no reconocen la existencia de los pueblos -o bien no señalan la manera-, como tampoco especifican su representación particular en escaños.
Otro aspecto se refiere a la interculturalidad donde debe indicarse la prioridad de los pueblos originarios, para que se impartan sus lenguas, historia y cultura en la educación, pero principalmente en zonas con alta concentración indígena.
