Crece el debate a solo tres semanas del plebiscito de salida para decidir democráticamente si Chile tendrá o no una nueva Constitución, en el cual la educación se mantiene como uno de los temas más intensos.
Dentro de su articulado el nuevo texto establece el derecho a la educación, garantizando su acceso universal, indicando que es un deber primordial e ineludible del estado (art.35), y que es también indispensable para el ejercicio de los demás derechos (art. 35 inc.2)
Para la abogada de derecho constitucional, María Ignacia Sandoval del Centro de Estudios Constitucionales de Chile Cecoch de la Universidad de Talca, es destacable en la propuesta la consagración de la educación como derecho, así como la consideración de la labor docente y a la calidad de educación, como un reconocimiento a dos importantes deudas históricas en el área.
Por otra parte, en el artículo 36 se establece la existencia de un Sistema Nacional de Educación SNE que abarcaría la educación preescolar hasta la superior, y cuyas instituciones pueden ser creadas o reconocidas por el estado.
María Ignacia Sandoval indicó que tal norma configura el financiamiento fiscal del sistema, el cual será permanente a partir de aportes basales, sin hacer distinción de las instituciones que lo conforman, “pero sí hace hincapié en el rol que debe tener la educación pública dentro del sistema educacional”.
“Las reglas del juego en materia del financiamiento deberá ser dictadas por la ley, que regulará la creación de este sistema, cómo las instituciones no estatales serán reconocidas, y cuáles va an ser las reglas del juego aplicables a todas aquellas instituciones que formen parte de este Sistema Nacional de Educación”.
Otro aspecto que relevó la abogada es la disposición de un concepto de educación construído en base a fines y principios, que actuaría como un marco en común para que la ley establezca cómo estos enunciados generales se van a desarrollar y materializar, indicó.
Acerca de la educación superior la especialista sostuvo que la propuesta incluye las universidades, los institutos de formación técnicas y las academias reconocidas por el estado. Hay una prohibición explícita al lucro y una proyección de crear instituciones de educación superior en cada región.
Entre otros puntos, también se refirió a que la propuesta impulsa un cambio de paradigma donde resulta trascendental que “no solo la educación se consagra como derecho, sino también que se generan deberes específicos al Estado para lograr la transición de ir avanzando a que sea un derecho, pero con el rol que se le da a la educación pública dentro de esta configuración de sistema nacional de educación”.
