Ante la brutal represión desatada por el gobierno en la tarde y noche de ayer contra los manifestantes que ocupaban las calles y universidades de Quito y que son una clara muestra de como el poder ejecutivo del país a optado por el terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos y constitucionales de la ciudadanía damos a conocer a nuestros lectores el siguiente pronunciamiento político.
Al pueblo de Ecuador y a la comunidad internacional:
El 24 de mayo de 2021 Guillermo Lasso Mendoza asumió la presidencia de la República del Ecuador con un programa de gobierno neoliberal que ha profundizado la desigualdad social y los rezagos de la aplicación del formato del Fondo Monetario Internacional, que venía acentuándose en el país desde la toma de gobierno de Lenín Moreno en el año 2017.
En estos cinco años de profundización neoliberal, la crisis ha golpeado a clases medias y sectores populares; los sistemas de salud y educación se encuentran en estado crítico; las cifras de desempleo y subempleo han aumentado considerablemente y la pobreza llega a más de cinco millones de ecuatorianos y ecuatorianas.
Bajo esta realidad, Guillermo Lasso, que cuenta el 17% de aceptación a tan sólo un año de gestión y con una solicitud de investigación en EE.UU. por evasión de impuestos, lejos de plantear al país un plan nacional que mitigue las necesidades emergentes de la gente, ha procurado un diálogo infértil y paliativo con la dirigencia de diversos gremios y sectores del país, entre éstos, la representación del sector indígena que advirtió hace un par de meses atrás que irían a paro nacional si el gobierno no daba muestras claras de responder ante las demandas presentadas.
El gobierno de Lasso no solo cerró la puerta a un diálogo real, sino que además, sus voceros acusaron de forma pública a Leónidas Iza (Presidente de la CONAIE) de terrorista, lo que incluyó una detención ilegal al segundo día del paro nacional y su liberación 24 horas después; y el señalamiento al correísmo como una organización ligada al narcotráfico financista del paro, argumento que insta a continuar con la guerra judicial contra las y los representantes de esta fuerza política, aplicada desde el 2017 hasta la fecha. Hoy, ante esas aseveraciones infundadas, existe una denuncia en la fiscalía, interpuesta por la presidenta del partido de la Revolución Ciudadana.
El lunes 13 de junio de 2022 inició el paro nacional convocado por la CONAIE con una agenda de movilización de 10 puntos, entre los que figuran la declaratoria de emergencia del sector de la salud, congelar el alza de los combustibles, no firmar el TLC, y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre otros.
Hoy, 24 de junio de 2022, a doce días de iniciado el paro, al llamado de la CONAIE se han sumado estudiantes, universitarios, transportistas, trabajadores, y ciudadanos, tanto en las calles como en los puntos de alimentación para las y los manifestantes: el paro es una movilización social, ciudadana y no partidaria.
La respuesta del gobierno fue el decreto de estado de excepción y toque de queda en las provincias con mayor movilización social, así como la militarización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), la Asamblea Nacional (poder legislativo), el Parque El Arbolito (espacio histórico de congregación popular) y, con el paso de los días, el uso progresivo de la fuerza que ya ha cobrado la vida de cinco civiles movilizados y ha dejado decenas de mutilados, más de un centenar de personas heridas y la denuncia de torturas y detenciones ilegales en todo el territorio ecuatoriano.
Con la llegada de miles de indígenas de las provincias de la sierra centro y norte a Quito, la capital del país y epicentro de la política nacional, se abrieron universidades como la Salesiana y la Central como centros de acogida y acopio, y se instalaron brigadas de estudiantes y docentes de medicina para dar auxilio inmediato a las personas heridas y mutiladas por la represión, así como centros de paz, que todas las noches sufren ataques con gas lacrimógeno y amedrentamiento de la fuerza pública, sin importar la presencia de mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad.
La instalación del estado de terror se muestra públicamente en la voz del Presidente Lasso que en cadena nacional (16:00 horas del 24/06/22) anuncia que respaldará a la fuerza pública en el uso progresivo de la fuerza, tiempo después de las declaraciones del Ministro del Interior, general en servicio pasivo, Patricio Carrillo Rosero, que horas antes anunció el uso de carabinas con municiones múltiples y otros medios para la represión social, estableciendo así el estado dictatorial.
Salida constitucional:
La Constitución vigente desde el 2008 en su Art. 130, numeral 2, establece:
Art. 130.- La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:
- Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.
Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.
De prosperar la destitución, la Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral.
Nuestra función legislativa es unicameral, la Asamblea Nacional está conformada por 137 parlamentarios y parlamentarias, de los cuales 47 curules corresponden a representantes de la Revolución Ciudadana (primera minoría), partido que ha hecho fuerza de oposición durante estos cinco años de gobiernos de derecha en el país y el cual ha anunciado su predisposición a dejar sus curules en favor de la aplicación del Art. 130 y la aplicación de la figura de “muerte cruzada”. Bajo el lema: “Votos, no balas” nuestro mensaje ha sido claro en pro de la paz, la unidad nacional y la búsqueda de una salida democrática, no solo con la aplicación de este artículo, sino con el llamado decidido a la búsqueda de acuerdos entre amplios grupos sociales y políticos que restituya el estado de derecho y la vida en democracia.
La grave conmoción social que atraviesa el Ecuador en estos momentos, demanda el pronunciamiento y la acción internacional de organismos internacionales, activistas y defensores de derechos humanos, gobiernos e instituciones políticas en pro del mantenimiento del estado de derecho, pero, sobre todo, en defensa de proteger la vida de nuestro pueblo amenazado por las armas.
Colectivo de Militantes de la Revolución Ciudadana
