Junto a la académica del Centro de Economía y Políticas Sociales CEAS de la Universidad Mayor, Mayarí Castillo, se conversa sobre los nuevos episodios de intoxicación que han afectado a decenas de niños y adultos por emanaciones contaminantes en el sector de Quintero y Puchuncaví.
La investigadora detalla que los lamentables hechos son el resultado de un descuido y negligencia por décadas del estado hacia estas comunidades, cuya declaración de zona saturada se remite al año 1993, y que desde el año 2018 cuenta con un fallo para su protección.
Frente al abandono institucional, Mayarí Castillo también se refirió a las secuelas de esta exposición permanente en donde son esperables los peores resultados de salud, expresó.
Al respecto hizo notar que la incertidumbre de las personas en los espacios degradados, también figura como un sufrimiento ambiental, que refleja otro tipo de violencia sistemática y silenciosa.
Acerca de las medidas anunciadas, indicó que la norma siempre ha sido muy baja y laxa, en tanto que los daños son a largo plazo, por lo cual se debe pensar en una gestión decidida de recuperación del territorio, con plan integral que incluya la reparación de las víctimas.
También se refirió a la importancia dada a la conflictividad medioambiental en el proceso constituyente lo cual refleja ser una preocupación a nivel de sociedad que le ha otorgado un lugar central a los derechos de la naturaleza.
Por otra parte, en relación a la firma del gobierno en el Acuerdo de Escazú se refirió a su importancia para pensar el desarrollo y la gobernanza requerida para proporcionar una efectiva protección de los espacios naturales y los líderes ambientalistas.
Junto con ello, la investigadora enfatizó el rol de los pueblos originarios en estas nuevas formas de pensar la naturaleza que han contribuido directamente en la elaboración de normas en la nueva Constitución, las que pudiesen proteger de manera no vista anteriormente, a los territorios y la naturaleza.
