La vicepresidenta de la Cámara, diputada Claudia Mix, se reunió con la senadora por la Región Metropolitana, Claudia Pascual para conversar la urgencia al proyecto de Ley Adriana, que establece derechos para las personas gestantes y sanciona la violencia ginecobstétrica.
La actividad se llevó a cabo en el exCongreso Nacional y contó con representantes de la Mesa Parto Respetado como Claudia Santiago de Ginecólogas de Chile, Barbara Peña de ASOMAT (Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile), Carla Bravo de OVO Chile (Observatorio de Violencia Obstétrica) y Paulina Sánchez de la Red Chilena de Salud perinatal, además de otras organizaciones de regiones como Matria Fecunda, del Maule, Madre Nativa de Arica y Parinacota, ParirNos Chile desde la quinta región y Camila Maturana de Corporación Humanas.
El proyecto que fue presentado en octubre de 2021 por Mix y otros 13 diputados, abarca el “Ámbito de la Gestación, Preparto, Parto, Postparto, Aborto, Salud Sexual y Reproductiva, y Sanciona la Violencia Ginecobstétrica”, a través del cual se busca resguardar a las mujeres y personas gestantes en el proceso de parto, asegurando los derechos de cuidados a las mujeres y a los recién nacidos.
“Quisimos presentarle este proyecto a la senadora Claudia Pascual y que conociera a las organizaciones que están detrás, porque creemos que es un proyecto muy robusto desde lo técnico, que no sólo busca sancionar la violencia, si no que apuesta a un cambio de paradigma a través de la formación de los profesionales, de mejorar canales de información, incorporar nuevos actores como el acompañante significativo y conceptos como los derechos de las personas nacidas, además tiene una mirada intercultural que recoge las experiencias de discriminación en mujeres pertenecientes a pueblos originarios”, señaló la diputada.
Por su parte, la senadora Pascual valoró la iniciativa legal, toda vez que “avanza en el reconocimiento del derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a un parto respetado y humanizado, y la toma de conciencia, frente a la violencia ginecobstetrica que tanto ha costado visibilizar en nuestro país. Y tal como decían las organizaciones participantes en la reunión, este no es un proyecto antojadizo, sino que existe evidencia científica que permite respaldar la propuesta legislativa”.
“Es un proyecto que vela por el bienestar de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, pero, sobre todo, que viene a hacer justicia y cumplir una deuda con todas aquellas mujeres que han sufrido traumas irreparables a raíz de este tipo de violencia”, indicó la parlamentaria.
En la instancia también se acordó coordinar una reunión a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, para que patrocine el proyecto que actualmente está en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, a objeto de que pueda ser puesto en tabla para su segundo trámite constitucional y posterior paso a la comisión de Salud del Senado.
Se espera que el Ejecutivo ingrese indicaciones que permitan inyectar recursos para personal la formación y capacitaciones del personal de salud, infraestructura y formación con perspectiva de género en el ámbito de la gestación en las mallas curriculares de las carreras de salud.
Las representantes de la Mesa de Parto Respetado tuvieron la oportunidad de exponer sus demandas e inquietudes respecto al proyecto de ley. La abogada de OVO Chile Carla Bravo señaló que, “la redacción de este proyecto rescata la dimensión de género que tiene la violencia, lo que permitió discutir en otra clave y dar a conocer una violencia en toda su dimensión, porque hasta hoy no se sabe bien que es, o se confunde sólo en la dimensión del daño físico, pero no en la desatención, o las intervenciones no justificadas, la prohibición de alimentación, que también es violencia y vulneración de derechos. Por su parte, Camila Maturana de Corporación Humanas, señaló que “este es un proyecto de derechos, que busca la autonomía y bienestar de las mujeres, por eso su énfasis está en la prevención y educación en salud”.
El Proyecto de Ley Adriana surgió luego del caso de Adriana Palacios, quien, en 2017 en la localidad de Alto Hospicio, sufriera violencia obstétrica y una serie de negligencias médicas que provocaron que su hija, Trinidad, naciera sin vida. La visibilización de este caso, en el que el recinto de salud involucrado no prestó ayuda a Adriana ni a su hija, fue una de las motivaciones de esta ley.
