En una semana donde el Ministro secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció la suma urgencia para el proyecto de ley, se conversa con el abogado Esteban Arévalo y Raquel Torres del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta, acerca de los avances legislativos de uno de los principales compromisos del nuevo gobierno
En perspectiva del abogado, el gobierno está dando cumplimiento a los acuerdos de campaña concretándose en el trabajo del Ministerio de Justicia y de DDHH.
Acerca del proyecto de ley que ha permanecido en el Senado por más de un año y que a petición del ejecutivo deberá resolverse en días, no descartó la posibilidad de un acuerdo político, tal como ocurrió en la vuelta de la democracia donde el indulto a los presos políticos obtuvo votos de la derecha.
A juicio del abogado el voto político de esta coyuntura debe querer avanzar y lograr la paz social, dado que históricamente, cuando al interior de una sociedad se hace tambalear su sistema jurídico, “para retomar la paz social es necesario perdonar algunas cosas”, expresó.
Desde esa línea el especialista recalcó que el proyecto de ley tiene que ir unido a otra iniciativa de reparación para quienes fueron victimas de la represión como de quienes sufrieron daños materiales.
En ese sentido señaló que son varias las figuras penales por las cuales se ha privado de libertad a quienes fueron apresados en el contexto de la revuelta, no obstante, en todas ellas, principios del derecho procesal se han violado constantemente a partir de las acciones ejecutadas por Fiscalía, tribunales e incluso las cortes de apelaciones.
En esa materia, el abogado indicó que hay que avanzar en la totalidad de las querellas por Ley de Seguridad del Estado y luego pasar a las querellas simples en donde las delegaciones presidenciales -ex intendencias- heredaron aquellas, explicó.
Por su parte, Raquel Torres se refirió a que parte de las fuerzas políticas dentro del oficialismo no quieren la libertad de los presos, por lo cual recalcó que la dilación en la tramitación del proyecto de ley durante el gobierno anterior siendo oposición dentro del Senado “es responsabilidad de ellos y no del actual gobierno”, sentenció.
La integrante del Grupo Iniciativas enfatizó que se está chocando con las mismas fuerzas políticas frente a un proyecto que surgió en el 2020 lo que refleja una falta de compromiso con los derechos humanos. De esa misma forma, apuntó a que no quieren que este proceso se reduzca solo a revisar caso a caso y que de esa manera se pierda la perspectiva que se trata de violaciones a los derechos humanos.
