El renunciado comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, no llegó a declarar ante la ministra en visita Romy Rutherford, en la arista pasajes aéreos por las comisiones de servicio, del caso fraude en el Ejército.
El alto oficial había presentado ayer un segundo recurso ante la magistrada para que la diligencia se desarrollara en su residencia institucional en Lo Curro y con su abogado Juan Carlos Manríquez presente, el cual fue rechazado.
Ante este revés, el excomandante en jefe del Ejército inició una nueva ofensiva judicial: presentó un recurso de reposición ante la Corte Marcial.
Ante ello, se espera una reacción de la ministra en visita, quien ya ha procesado en distintas aristas a sus tres antecesores inmediatos en el cargo, los generales en retiro Óscar Izurieta Ferrer, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Humberto Oviedo Arriagada
La diputada Carmen Hertz dijo que el inculpado, exgeneral Ricardo Martínez, y todos los comandantes en jefe del Ejército desde Pinochet en adelante, han estado involucrado en delitos económicos y crímenes, lo que hace necesario tener un poder civil real frente a este tipo de situaciones irregulares.
Los espacios deliberativos, autonomía económica y financiera se deben terminar para detener este tipo de escándalos que ensucia a la democracia de nuestro país frente a los actos de corrupción, señaló.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, expuso que la ministra de defensa que asume en el próximo gobierno, deberá tener un rol clave de fiscalización sobre las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, la Convención y la próxima Constitución deben terminar con los resquicios legales que permiten las irregularidades que han condenado a los generales del Ejército.
La parlamentaria dijo que las características de la transición a la democracia y su manera de abordarla, son también responsables de la falta de fiscalización a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la convencional constituyente, Bárbara Sepúlveda, dijo que la nueva constitución deberá explicitar una refundación de las Fuerzas Armadas, y pensarlas en sentido de probidad y transparencia, y también en respeto a los Derechos Humanos.
Los espacios deliberativos, autonomía económica y financiera se deben terminar para detener este tipo de escándalos que ensucia a la democracia de nuestro país, señalaron las dirigentas políticas.
