En la voz de Lorenzo Morales, abogado de la ONG. Defensoría Popular, se exponen antecedentes recientes de dos casos emblemáticos del estallido social en el espacio semanal dedicado a conocer diversas acciones por la libertad de los presos de la revuelta.
Bajo la cautelar de prisión preventiva, los jóvenes Benjamín Espinoza, Matías Rojas y Jesús Zenteno fueron encarcelados injustamente durante 2 años y 5 días, arriesgando incluso una condena por cerca de 40 años de acuerdo a las pretensiones del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado.
Como abusiva e imputable al Ministerio Público, calificó Lorenzo Morales la prisión aplicada a los jóvenes, quienes esperaron un año un informe de incendio por bomberos el cual fue desechado por el tribunal competente por no contar siquiera con material gráfico y por respaldarse en declaraciones de carabineros a partir de fuentes fotográficas extractadas.
En un juicio de tres meses que determinó condenas por 5 y 6 años, finalmente fue anulado por la Corte Suprema en donde la defensa alegó en contra de las pruebas presentadas y del proceder ilícito de la policía como una estructura no convencional.
Actualmente los jóvenes se encuentran con arresto domiciliario total y enfrentan un juicio en enero del 2022. Sin embargo, de acuerdo al fallo de la Suprema y en donde el Ministerio Público debería sobreseer el caso, la defensa considera estar en un buen pie para la próxima instancia, sostuvo Lorenzo Morales.
Acerca del proyecto de Ley de Indulto, el especialista valoró la iniciativa del Senador Latorre, pero señaló que dentro de la Comisión de Derechos Humanos prácticamente como Defensoría fueron vetados. Frente a ello, Lorenzo Morales indicó que aún así llevarán antecedentes para que la ley logre ser aprobada y permita ser beneficiosa para las personas que están en prisión y condenadas.
Sobre Alejandro Carvajal y el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, el abogado se refirió al fallo emitido por el Tribunal Constitucional que acogió el requerimiento para que el joven no regresara a la cárcel. Señalando que se trata de la prisión con la más grave vulneración de garantías individuales, Morales indicó que luego de que el Tribunal ha acogido el recurso, continuarán con el alegato por el recurso de nulidad en la Corte Suprema.
