El requerimiento presentado por la concejala UDI, Gisela Vila, que buscaba remover a las autoridades comunales, fue declarado inadmisible por el Tribunal Electoral Regional (TER), estableciendo que su solicitud carecía de sustento jurídico.
La concejala Vila interpuso una reclamación ante este tribunal, en el último día del plazo estipulado para ello (5 de noviembre pasado), en orden a solicitar la destitución del alcalde y de los ocho concejales/as que aprobaron una nueva Planta Municipal, por constituirse un notable abandono de deberes, fundamentado en una eventual negligencia inexcusable, por presentar un proyecto de planta inviable financieramente.
Esto, a pesar de que el proyecto fue trabajado y consensuado con las asociaciones de funcionarios y funcionarias municipales, y a que todas las consultas presentadas por la concejala Vila y el resto de los concejales/as, fueron satisfactoriamente respondidas en su momento, por los directores y directoras municipales a quienes les competía participar del proceso.
En palabras del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (PI), la reclamación de la concejala Gisela Vila “sólo buscaba, por una parte, retrasar el proceso de creación de la planta y, por sobre todo, conseguir la destitución del Alcalde y de los ocho concejales y concejalas que aprobaron la propuesta”. El edil enfatiza que, en definitiva, el objetivo de la concejala UDI, “es detener el proceso de transformaciones que ha venido impulsando esta Alcaldía Popular”.
El proyecto de nueva Planta Funcionaria de la Municipalidad de Pudahuel se retomó, tras quedar suspendida en 2019, luego de asumir en junio de este año la nueva gestión a cargo del alcalde Ítalo Bravo.
Para ello, se constituyó un Comité Bipartito, conformado por representantes de la Alcaldía y de las tres Asociaciones de Funcionarios, que trabajó durante dos meses con miras a contar con una nueva Planta Municipal, que haga justicia a funcionarios y funcionarias en sus roles y funciones, de tal manera de profesionalizar la planta y poder dar respuesta adecuada a las necesidades de los más de 250 mil habitantes de la comuna.
Todo este proceso estuvo enmarcado en los plazos establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) a efectos de poder contar con la nueva planta municipal a partir de enero de 2022, teniendo en consideración tanto la responsabilidad presupuestaria como la idoneidad funcional.
Próximas etapas
A la concejala Vila, todavía le asiste el derecho de interponer un recurso de reposición ante el mismo TER, con apelación subsidiaria ante la Corte de Apelaciones, en un plazo de 5 días hábiles, a partir de este 19 de noviembre. Transcurrido ese plazo, sin que haga dicha presentación, el municipio puede ingresar la Planta a la Contraloría.
El éxito del proceso depende de que la concejala no haga uso del derecho a recurrir de la resolución que declara la inadmisibilidad y, posteriormente, de que Contraloría apruebe el reglamento antes del 31 de diciembre, para que pueda comenzar a regir a partir del 1 de enero del 2022.
Declaraciones del alcalde Ítalo Bravo:
