Con una campaña que ha consistido principalmente en desplegarse recorriendo las calles del territorio, Manuel Ahumada, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, se refiere en entrevista sobre su propuesta parlamentaria y sobre su experiencia como dirigente sindical.
Acerca de la arbitraria normativa de la actual Constitución que prohíbe que dirigentes sindicales sean parlamentarios, Manuel Ahumada señala que estas y otras trabas ideológicas, debiesen terminar en la medida que progrese el trabajo que está realizando la Convención.
Sin embargo indicando las nefastas consecuencias de ello, el candidato por el Distrito 10 de la Región Metropolitana expresa que han generado una pésima distribución de la riqueza, han mermado la garantía al derecho a huelga y han instaurado el modelo del subcontrato y el paralelismo sindical. No obstante, esos elementos que tienen una dimensión legislativa son los que hay que ir a cambiar en favor de las y los trabajadores, precisó .
Dentro de la propuesta de Manuel Ahumada se encuentran ejes que abordan demandas transversales y propias del territorio. Algunos de ellos apunta al derecho a la vivienda y también a la recuperación de los bienes naturales estratégicos, sobre los cuales es fundamental que estén en manos de todos los chilenos como una manera de protegerlos, evitar su sobre explotación y que sean parte de la proyección de un nuevo modelo económico más equitativo.
Otro elemento que une dos luchas importantísimas en la propuesta del líder de la CTC tienen que ver con el reconocimiento de los trabajos de cuidado y crianza el cual también se cruza con problemas de clase fundamentales, como lo son la explotación del trabajo y la acumulación de la riqueza por grupos de elite dentro de la sociedad.
Por otra parte, Manuel Ahumada también abordó la necesaria continuidad que debiese haber en todos los espacios políticos de representación, de modo que existan respaldos en el proceso de descentralización cercano a la labor del gobierno regional, y también en el proceso de la Convención que incluso podría modificar legítimamente el curso del próximo Parlamento, acorde con las demandas ciudadanas que de ahí emanen.
