Parlamentarios, dirigentes sindicales, junto a familiares del joven repartidor de la empresa Starken asesinado el pasado 23 de marzo mientras efectuaba su trabajo en la comuna de Lo Espejo, exigieron a las autoridades un seguro laboral para el rubro y mayores regulaciones para una labor que denuncian, dejan a sus colaboradores a merced de la delincuencia.
Así lo expresó en primer término Andrea Lobos, viuda de Pablo Valdés quien el pasado 23 de marzo frustró el robo de su camioneta recibiendo un disparo mortal en el tórax, agregando que esta acción temeraria surge porque de manera inescrupulosa las empresas descuentan el costo de las mercaderías sustraídas a la denominada “ultima milla”.
La mujer que junto a su familia iniciaron una campaña denominada “Justicia para Pablo Valdés” busca concientizar la poca empatía de las firmas de delivery y reparto con quienes de forma externa le prestan servicios.
Andrea Lobos denunció que la empresa Starken, para quien su malogrado marido trabajaba, reconoció su nulo interés en proteger a sus funcionarios, justificándolo en que los propios repartidores efectuaban habitualmente robos de los productos que entregaban.
Sobre este mismo punto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, planteó la necesidad de generar mecanismos a través de tribunales que garanticen mejores condiciones laborales a quienes se desempeñan en el rubro de las plataformas digitales y de reparto.
Al respecto, la representante de la CUT informó que otro de los caminos para avanzar en esa dirección, es su apoyo a la demanda colectiva de trabajadores de Delivery, en el marco de las precarias condiciones laborales en que se encuentran.
Bárbara Figueroa sostuvo que buscan el reconocimiento judicial de los trabajadores de plataformas virtuales, sin embargo, sigue siendo un punto de tensión en el debate en torno a regular el contrato de trabajadores que prestan servicios a este tipo de aplicaciones.
Junto con anunciar el despacho del proyecto que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, justificó la iniciativa al sostener que más de 600 personas son las que exponen su vida diariamente debido a la exigua ley de subcontratación.
El timonel del PC consideró ineludible que se limite la subcontratación, estableciendo a las empresas de plataformas virtuales la obligación de contratar seguros para sus trabajadores, y responder por accidentes laborales.
Asimismo, Guillermo Teillier comentó que la Central Unitaria de Trabajadores ha denunciado el incumplimiento de leyes laborales mediante la subcontratación, modalidad propia de empresas como Starken, a la cual pertenecía el repartidor asesinado.
Consignar que contrato, jornada y seguridad social son tres aspectos que incorpora el proyecto de ley para trabajadores y trabajadoras de las llamadas aplicaciones móviles como Uber, Rapi, Pedidos Ya ,aprobado en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y despachado a Sala para su aprobación. Esto surge por la informalidad de esta actividad comercial y las numerosas denuncias de irregularidades laborales, la iniciativa se hace cargo de una realidad que se acentuó en tiempos de pandemia.
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