La reforma al Capítulo XV de la Constitución, que habilitó el proceso constituyente, obliga a la posible Convención -ya sea constitucional o mixta- a que se respeten los tratados y acuerdos que Chile ha firmado hasta ahora. Respecto a cómo se traduce ese “respeto” de los convenios ya suscritos en la redacción de una futura Carta Fundamental, la pregunta y sus interpretaciones han sido abordadas por varios juristas que siguen muy de cerca la discusión.
La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, sostuvo que la actual Constitución no garantiza que se dicten penas acorde a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Dictadura, y prueba de ello, es justamente la interpretación mezquina que ha hecho la Corte Suprema de los tratados suscritos por Chile en la materia.
La dirigenta del Partido Comunista criticó la regla de quórum supra-mayoritaria de las leyes orgánicas constitucionales, ya que ésta imposibilita alcanzar los dos tercios sin apoyo de la derecha a la hora de impulsar reformas democráticas.
Del mismo modo, Julia Urquieta acusó una suerte de “propietización” de las garantías constitucionales al no existir mecanismos que permitan resguardar derechos colectivos.
La ex subsecretaria de previsión social añadió que la Carta Magna tampoco permite al Estado contar con un sistema de seguridad social, siendo uno de los principales obstáculos que tuvo la ex presidenta Michelle Bachelet para reformar el sistema previsional.
La abogada Julia Urquieta concluyó que para construir una Constitución verdaderamente democrática, lo que se requiere es erradicar la lógica del binominalismo, y así permitir que se expresen con claridad las grandes mayorías del país.
