Los representantes de las juventudes políticas del bloque “Unidad Para el Cambio”, integrado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, y el Partido Progresista, explicaron los riesgos de que se apruebe el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia nacional, más conocido como “Ley de Inteligencia”.
El ejecutivo ha insistido en tramitar la iniciativa en plena pandemia, a través de 11 “urgencias sumas”, presentadas entre el 3 marzo y el 2 de julio de este año. Sin embargo, y a pesar de que la legislación se encuentra ya en su segundo trámite legislativo, ha sido duramente criticada por implicar la aplicación de la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como “enemigo interno”.
El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, denunció que el Gobierno busca hacer uso de todas las herramientas que le permitan asegurar la impunidad de las Fuerzas Armadas, en caso de que se produzcan violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de un segundo estallido social.
Camilo Sánchez advirtió que por más violenta o aguda que sea la represión de agentes del Estado, el movimiento social volverá con fuerza a las calles una vez superada la crisis sanitaria, dando paso a enfrentamientos que podrían costar muchas más vidas que el primer estallido.
El presidente de la JOTA dijo esperar que los parlamentarios de oposición tengan un comportamiento institucional coherente con la democracia y el sector que dicen representar, a objeto de impedir que la arremetida de Piñera siga avanzando a nivel legislativo.
El presidente de las Juventudes Regionalistas, Gabriel Droguett, consideró que la agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad y orden público, constituye un punto de encuentro para la derecha, en uno de los momentos más críticos de su historia.
Gabriel Droguett no se mostró sorprendido ante la nueva táctica del gobierno por buscar consensos con su sector político, en función de postergar el plebiscito de octubre e impedir un segundo estallido social en Chile por la vía de la represión de Estado.
El dirigente de la Federación Regionalista Verde Social comentó que el 18 de octubre vino a constatar que la derecha sigue siendo la misma que en Dictadura, tanto por su apego a la institucionalidad de Pinochet, como por su desprecio a los Derechos Humanos.
El presidente de las Juventudes Progresistas, Rodrigo Pinto, repudió que la comisión de defensa de la Cámara haya censurado a su presidente, Jorge Brito, por haber manifestado su rechazo a la Ley de Inteligencia, enmarcada en un paquete de medidas que sólo buscan reprimir al movimiento social.
En ese sentido, Rodrigo Pinto, anunció que van a solicitar la creación de una Contraloría Ciudadana, a objeto de poder fiscalizar a la comisión de Defensa durante la tramitación de la Ley de Inteligencia y otras iniciativas que vayan en la misma dirección.
El dirigente del Partido Progresista sentenció que la agenda de Piñera es altamente vulneradora de los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, teniendo además el mal precedente de una serie de informes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante los cinco meses de revuelta social.
La modernización al sistema de inteligencia se suma a diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo que guardan relación con la seguridad y el orden, como el proyecto de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas custodiar edificios estratégicos, o la Ley Antisaqueo.
