Luego de la aprobación por parte de los diputados de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, instancia en que fueron clave los votos de 13 parlamentarios de Chile Vamos, el proyecto continuó su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde este jueves fue despachado en particular.
La instancia revisó las indicaciones, e introdujo algunas variaciones, como en el nombre del proyecto, para adecuarlo al contenido del mismo, agregando el carácter de “excepcional” de la medida. También se zanjó que los retiros no constituirán renta ni estarán sujetos al cobro de comisiones (indicación aprobada por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención), y además se determinó que el retiro “no será incompatible con otros beneficios estatales” desplegados durante esta pandemia
El diputado e integrante de la comisión de Constitución, Hugo Gutiérrez, valoró que quedara establecido que este retiro no constituye renta, y por tanto, las AFP no podrán cobrarle comisiones a quienes ejerzan el derecho a retiro de sus fondos.
Asimismo, Hugo Gutiérrez explicó que el retiro de fondos no será incompatible con otros beneficios del Estado, debido a que aún no se legalizan los préstamos blandos para la clase media, anunciados por el gobierno.
En ese sentido, el diputado comunista aclaró que el ejecutivo todavía no ha enviado ningún proyecto de ley al Congreso en relación al denominado Plan de Protección a la Clase Media.
Por otro lado, Hugo Gutiérrez acusó al senador Andrés Allamand de actuar como vocero de las AFP al estar evaluando fórmulas para impedir que este proyecto de ley prospere, tales como un veto o elevar el quórum de aprobación.
Finalmente, el integrante de la comisión de Constitución, alertó sobre una intensificación del conflicto social, considerando que el rechazo a la gestión de Sebastián Piñera es aún mayor que previo al estallido.
El diputado Gutiérrez concluyó que una vez superada la crisis sanitaria, las movilizaciones sociales irán en aumento, debido a la deslegitimidad del gobierno en su arremetida contra proyectos de ley que hacen sentido a la ciudadanía en medio de la pandemia.
