El presidente Piñera con fecha 25 de mayo de 2020 invitó a un nuevo acuerdo nacional que tuviera cinco ejes principales, que calificó como “claves” para llegar a un consenso: el combate contra la pandemia, un plan de protección social para las familias y un plan para proteger el empleo, un plan de reactivación de la economía y, por último, un marco fiscal que permita enfrentar con “sensibilidad social y responsabilidad fiscal las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro”.
Nadie podría negar la importancia de los temas que se plantean, sin embargo el abordaje de ellos contiene gravísimas deficiencias, ya que desde nuestra perspectiva lo que realmente está en juego y debe transparentarse en el Chile de hoy es:
El respeto efectivo de los derechos humanos expresados en el pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 16 de diciembre de 1966, el cual Chile suscribió el 16 de septiembre de 1969 y que fue promulgado en abril de 1989 y publicado en el diario oficial el 27 de mayo de 1989.
El presidente de la república no necesita hacer llamado alguno a un acuerdo nacional para cumplir con sus deberes constitucionales y con los deberes que se derivan de las obligaciones que como Estado se tiene con el derecho internacional de los derechos humanos. Es en el cumplimiento de estas obligaciones donde se juega lo fundamental para abordar esos cinco ejes, sin embargo todo indica que estos deberes están ajenos o fuera de la discusión política del acuerdo que se pretende lograr.
La oposición política con representación parlamentaria, con honrosas excepciones, lo que ha ofrecido a los chilenos y chilenas es un pobre ejemplo de control democrático de los actos del ejecutivo, y una nula sintonía con lo que es un sentimiento mayoritario del pueblo: que se produzca un efectivo respeto de sus derechos humanos expresados en el pacto de derechos económicos sociales y culturales; lo que supone necesariamente efectuar cambios económicos sustanciales, que pongan el centro en las personas y no en los intereses de consorcios financieros y de los grupos económicos.
El cambio de foco en cuáles son la necesidades más importantes y como se expresan, es uno de los desafíos que el gobierno no ha asumido, ni asumirá porque contraría su esencia y por que simplemente no le interesa, hay demasiados ejemplos que dan cuenta de ello y que se expresan en la forma ineficaz como ha enfrentado la pandemia.
El acuerdo presenta a priori a lo menos cuatro problemas:
Un primer problema de fondo es que el gobierno no cree en el Estado como administrador de recursos y no cree en la solidaridad, ni en la comunidad como sostén de un nuevo orden, en realidad no desea un nuevo orden.
Un segundo problema es que el gobierno intenta salvar lo que realmente le interesa proteger: el modelo neoliberal exclusivo y excluyente. No podemos, con los actores que pretende sentar a la mesa, esperar nada positivo, solo maquillajes comunicacionales, para así hacer realidad el mito de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Así, creemos que el problema central del Chile de hoy, es que el Estado no respeta los derechos humanos, que se supone tiene el deber de garantizar. Las medidas para enfrentar la pandemia suponen la incorporación de manera prioritaria del derecho humano a la salud, a la vida e integridad personal, el acceso al agua potable, a la alimentación, a medios de limpieza, a vivienda adecuada, a cooperación comunitaria, asegurando efectiva protección social, incluyendo el necesario otorgamiento de subsidios, rentas básicas y otras medidas de apoyo económico. Proteger los derechos de los trabajadores, tomando medidas efectivas que velen por la seguridad de ingresos económicos y medios de subsistencia de modo que tengan condiciones para cumplir las medidas de protección, y a condiciones de acceso a la alimentación durante la pandemia ( no resulta vano señalar que la ley 21.227 no cumple con ninguno de estos objetivos, traspasando la carga a los propios trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios).
Finalmente hay un cuarto problema que tiene que ver con el vacío moral de la política, que la gente ve y percibe en su cotidianeidad. Todo el intento de la sociedad de dominación es que no aparezca en el discurso público toda noción del buen vivir, del bien vivir o de la vida buena, que no sea en la matriz capitalista, utilitaria y hedonista, así prepararon el triunfalismo del mercado (cada día más alicaído), y la continuidad del razonamiento mercantil en todas las áreas de la vida social y personal de hombres y mujeres. Este razonamiento vacía la vida pública de argumentos morales, así todo se mercantiliza, ya que el mercado no emite juicios sobre las preferencias que pretende satisfacer si alguien está dispuesto a pagar por ello. Las únicas preguntas que el modelo neoliberal hace es: ¿cuánto vale?, ¿qué beneficio económico me reporta?, ¿cómo minimizo mi pérdida y maximizo mi utilidad?, no piensa en la comunidad, ni en el individuo/a, ni en las personas, en los dolores, en las emociones, en las esperanzas y desesperanzas que viven en ellos/as, no reconoce al pueblo como soberano.
La abstención de todo juicio relativo a valores está en el centro del razonamiento mercantilista eso ha hecho que el discurso público haya perdido toda energía moral y cívica y ha contribuido a la tecnocracia de mera gestión, siempre ineficiente para los intereses de las mayorías.
Por eso no les creemos, no confiamos en sus acuerdos, que dejan fuera las obligaciones de derechos humanos, claras e indiscutidas y las voces críticas de un modelo que debe razonablemente transformarse o desaparecer y que la pandemia covid 19 ha, tan dolorosamente, vuelto a desnudar.
Por lo que llamamos a nuestros pueblos, a nuestros hermanos de los pueblos originarios, a las organizaciones, políticas, sociales, sindicales y gremiales a construir unidad, a seguir promoviendo la organización, la educación y la concientización en que otro mundo es posible y que éste comienza en la cotidianeidad de nuestras vidas y de nuestros espacios más inmediatos, sólo así derrotaremos los acuerdos cupulares y nos proyectaremos a recuperar el Estado para el soberano que es el pueblo.
Ven-seremos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.
FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA.
