[Por Rodolfo Solís Parga[1] ] El COVID-19, la pandemia que azota al mundo, pone al descubierto las más graves de las inequidades que ha generado este modelo de capitalismo rapaz como ninguna otra circunstancia hasta el momento. En el aspecto más sensible de la seguridad social, la salud pública, van sucumbiendo país tras país en la medida en que sus sistemas de salud colapsan. Más de tres décadas de desmantelamiento del Estado, más de tres décadas de privatizar sistemáticamente los servicios que ofrecía el Estado dan por resultado ahora la propagación prácticamente incontrolable de la pandemia y, paradójicamente, ahí en donde el mercado es el paradigma es en donde más se ceba en los ciudadanos.
Más allá de las estadísticas y de las medidas que cada gobierno adopta para lidiar con la pandemia, algunas más enérgicas que otras, hay ahora un horizonte de una profunda crisis económica de alcances superlativos, a saber: la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la semana pasada advertía de la pérdida de hasta 25 millones de empleos en el mundo –al día de hoy se estima que esa cifra se ha quedado corta-, los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros, hoy reconocen un escenario de recesión mundial de la mayor gravedad en el período reciente y el desplome del Producto Interno Bruto (PIB) global y por país. Así las cosas, no sería exagerado visualizar un escenario semejante a la crisis de 1929, lo que supone un terrible costo social, la extensión y profundización de la pobreza y la destrucción de áreas enormes del aparato productivo. Las formaciones sindicales tendrán ahora ellas también su prueba del ácido.
Es por todo ello urgente que el Estado mexicano tome medidas desde ahora para enfrentar la nueva realidad post-pandemia. El Estado no podrá ser ya más simple espectador de los procesos y fenómenos económicos. Necesariamente tendrá que asumir su papel rector y regulador del mercado para garantizar el interés general de la sociedad y para ello tendrá que allegarse de los instrumentos legales, fiscales y financieros que hagan posible su decidida intervención.
Hoy el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, además de asignar recursos emergentes que se requieren para enfrentar la gravísima situación de Salud Pública, deben iniciar a toda prisa los trabajos de una profunda Reforma Fiscal progresiva que grave el ingreso y las ganancias corporativas y personales y preparar un extenso Programa de Obra Pública Nacional de Infraestructura que inmediatamente signifique recuperar en México las cientos de miles de plazas de trabajo que, a no dudarlo, se perderán irremisiblemente en estos meses de -parafraseando a Kristalina Georgieva, Directora del FMI- “paro abrupto de la economía”.
En el partido del Trabajo el asunto en cuestión es ya parte de nuestro acervo programático. El tiempo apremia y corre en contra de los trabajadores y de sus familias. ¡Ya es tiempo!.
[1] Integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional y Dirigente en el Estado de Guanajuato, México
