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Por Juan Gajardo López: La lucha continúa

(* Profesor, miembro de la comisión política del PC de Chile). Esta socorrida consigna hoy adquiere una radiante realidad. A pesar de la pendular conducta del gobierno, por una parte con una atosigante y truculenta campaña  por seguir presentando la protesta social como un conjunto de hechos delictivos  o al revés,  señalando que comprende sus motivaciones y decir que escuchado el mensaje lo asume como propio, lo cierto es que desde el mismo  señor Piñera, no se quiere o no se puede ver la magnitud de la presente crisis. Un cambio de gabinete intrascendente, un conjunto de medidas paliativas en lo social de tono menor, la búsqueda de diálogos con quienes hoy muy poco definen pretendiendo así escamotear al movimiento social que bajo las banderas de Unidad Social  levanta demandas y propuestas, junto a  la intención de seguir desarrollando en el parlamento su plan legislativo con sus proyectos que concitan el rechazo mayoritario, son claros signos que este gobierno nada comprende, nada desea comprender, no asume en definitiva el fracaso de su  gestión en lo particular, pero menos el agotamiento del modelo de desarrollo que impusieron desde fines de los 70, usando la dictadura militar en tal fin.

El pueblo ha seguido en un estado de movilización social, multiforme y permanente. A las grandes y multitudinarias manifestaciones que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional, se han sumado cabildos o asambleas populares en las cuales han participado miles de compatriotas, el mundo de la cultura se ha sumado con sus propias expresiones y cuando producto de este largo feriado de fin de semana el gobierno pretendía volver a “su normalidad”, han surgido formas de manifestarse novedosas y creativas, como la marcha de mujeres de luto o la funa que realizan jóvenes ciclistas frente a la casa de Piñera.

Este es, a no dudarlo, el más significativo movimiento popular de las últimas décadas en nuestro país, que ya no cuestiona sólo algún aspecto parcial del sistema, cuál fue por ejemplo la educación el 2011 o las AFP en 2016, sino que es todo el sistema lo interpelado. Una reciente encuesta de Termómetro Social realizada por DESOC  y Centro de Microdatos de la U.  de Chile identifica las motivaciones principales de los movilizados, su percepción de las instituciones y sus demandas centrales. Allí resalta con nitidez la exigencia de una nueva Constitución, elaborada en una Asamblea constituyente y plebiscitada,  como el mecanismo central de salida del conflicto.

Para que esto suceda es vital seguir manteniendo la transversalidad y pluralidad del movimiento social, del cual nadie es dueño por lo cual nadie lo puede instrumentalizar. Dentro de esta Unidad Social el bloque sindical está llamado a jugar un rol protagónico, por la solidez y experiencia histórica del movimiento. Todos los otros movimientos son significativos: el feminismo, el movimiento medioambientalista, los pueblos indígenas, los y las pobladores/as, las demandas de salud y educación,  sin duda las organizaciones de derechos humanos, sobre todo ahora en que el Estado ha mostrado su rostro más represivo. Nadie puede desconocer el carácter profundamente político de este movimiento y en consecuencia, obviar el rol que los partidos políticos pudiesen jugar en su desarrollo, siempre y cuando comprendan este rol y no pretendan reemplazar o suplantar a las/los movilizadas/os.

Será la violación de derechos humanos  un tema central que fundamente la acusación constitucional contra el presidente de la república, que se hará próximamente en el Congreso Nacional, usando un mecanismo validado en el actual marco institucional. Más allá del resultado, lo buscado es que la primera autoridad del país asuma la responsabilidad política y ética por los/las asesinados/as, torturados/as, agredidos/as por la fuerza pública en estos días de movilización popular, reviviendo prácticas que esperábamos hubieran quedado como malos recuerdos de la dictadura. En definitiva, reivindicando el derecho del soberano, o sea, el pueblo del cual emana el poder, a expresarse, sin ser objeto de violencia del Estado o de maquinaciones violentistas destinadas a justificar dicha violencia.

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