Tras la decisión de la primera sala del Tribunal Constitucional, la cual resolvió paralizar por completo la investigación contra el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, por malversación de fondos públicos, se reabrieron las críticas a la actuación e incidencia de esta institución encargada de la determinar el apego de las leyes a nuestra carta fundamental.
En primer término, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que es fundamental cambiar tanto los mecanismos de nominación como la orgánica del Tribunal Constitucional, debiendo además sus integrantes ser también sujetos de fiscalización en sus actuaciones, tal como ocurre con otros componentes del Estado.
Por su parte, la diputada y presidente de Convergencia Social, Gael Yeomans, calificó como indignante lo ocurrido con el TC, entidad que insiste en entrometerse en el ámbito judicial, político y legislativo, siendo además peligroso ,entregarle tanto poder a un grupo de 10 persona que lo integran, quienes ni siquiera han sido objeto de elección popular.
En este sentido, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet , sostuvo que las excesivas atribuciones entregadas al Tribunal Constitucional lo han transformado en una instancia que ahora no sólo busca influir en el poder legislativo, sino que además pretende intervenir en el actuar del poder judicial, reeditando así el mismo actuar de la Dictadura.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker anunció una propuesta legislativa que busca terminar con el binominalismo en la composición del TC, y además restituye el control preventivo de constitucionalidad de las leyes a la Corte Suprema y no en el cuestionado organismo liderado hoy por Iván Aróstica .
En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto consideró grave que el Tribunal Constitucional tenga la potestad de paralizar una causa judicial, tratándose de actos de corrupción que involucran -como en este caso , a quien ostentó el más alto cargo en el Ejército.
Para el senador socialista Carlos Montes es prioritario reformar el Tribunal Constitucional, argumentando que en sus fallos no se respetan las leyes aprobadas por mayoría en el Parlamentario, ni el debido proceso en las investigaciones penales.
A las críticas por avalar la impunidad y promover los hechos de corrupción institucional en el país, pesa sobre el Tribunal Constitucional la acusaciones de haberse transformado en una verdadera “tercera cámara legislativa” al enmendar las leyes aprobadas por el Parlamento, como ocurrió en la objeción de conciencia en el aborto en tres causales, la ley de Educación Superior o la norma que entregaba nuevas atribuciones al Sernac. Por este motivo varios abogados expertos han propuesto medidas como aumentar los actuales 10 integrantes del TC a 12, eliminar la figura del ministro suplente y la reducción de los quórum para declarar inconstitucional de una ley, entre otras medidas.
