La Contraloría Regional de Valparaíso, se refirió al anuncio del alcalde de Quilpué de establecer, a través de una ordenanza, un toque de queda para menores de edad. Este viernes, el órgano contralor respondió al requerimiento presentado el 15 de enero por el dirigente estudiantil Ignacio Navarro y el abogado Luis Cuello, quienes solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de la anunciada ordenanza.
La resolución establece que las municipalidades “deben sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico, no pudiendo imponer mayores o menores exigencias que las previstas en las leyes”. Al mismo tiempo advirtió a la Municipalidad de Quilpué que “deberá tener especial consideración de la regulación constitucional dada para la materia en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política”.
Según explicó el abogado Luis Cuello “la norma constitucional citada establece que la libertad personal sólo puede ser restringida en los casos que determine la Constitución o la ley, lo que excluye las ordenanzas municipales. El mensaje de la Contraloría es claro: una ordenanza que vulnere la libertad personal es ilegal.”
“Lo que corresponde ahora es que el alcalde de Quilpué desista de esta medida abiertamente discriminatoria e inconstitucional”, aseguró Cuello.
Para Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, “la voz de las y los secundarios fue oída por la Contraloría. Por supuesto que, desde ahora, las y los jóvenes no pueden ser pasados a llevar ya que se demuestra que son personas capaces y que pueden construir su futuro, desarrollarse y no ser castigados por solo sospechar de ellos.”
Para el dirigente estudiantil “esto marca un precedente que también alcanza al gobierno de Piñera, el cual no entiende la libertad y los derechos de las y los jóvenes, ya que tiene un capricho con seguir reprimiéndolos con el proyecto de ley que permite el control de identidad a jóvenes de 14 años.”