Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, junto a la exsenadora Carmen Frei, se reunieron para manifestar su postura crítica respecto a la ley humanitaria que busca impulsar el gobierno, la cual beneficiara a criminales de la Dictadura.
A juicio de la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, a 27 años de la entrega del informe de Verdad y Reconciliación, conocido como informe Rettig, aún existe por parte de los gobiernos de turno la falta de voluntad efectiva por terminar con la impunidad, y castigar de manera ejemplar a quienes fueron autores y cómplices del genocidio de Estado.
Alicia Lira lamentó que proyectos fundamentales como los que sancionan con mayor severidad el asesinato político y la tortura, mediante la reinterpretación del Código Penal, aun duerman en el Congreso, situación que ha favorecido por ejemplo, a quienes cumplen condena en Punta Peuco al asignarle sanciones irrisorias pese a la gravedad de sus delitos.
Sobre los dichos de Sebastián Piñera quien emplazó a quienes piden la salida del gobierno del Subsecretario Luis Castillo –involucrado en la muerte del ex presidente Frei Montalva a “no confundir las cosas “, la hija del malogrado mandatario Carmen Frei, expresó que es el propio Piñera quien está confundido al defender un supuesto derecho humanitario en otras naciones y no resguardar estos mismo principios en Chile, a propósito de su polémico viaje a Cúcuta.
En este mismo punto Carmen Frei junto con cuestionar los principios y valores que le asigna el gobierno de Piñera al respeto por los D.D.H.H reiteró que para su partido, la Democracia Cristiana, el subsecretario Luis Castillo no es ni será un interlocutor valido en lo que respecta a su labor como autoridad al carecer de las más mínima condición ética.
Ambas personeras concluyeron señalando que aquellos que hoy invocan beneficios carcelarios por motivos de salud y piden perdón por sus actos, claramente no actúan con sinceridad y convicción , pues aun no se arrepienten de manera efectiva al no entregar su colaboración efectiva para la resolución de los crímenes que tuvieron lugar en Dictadura.
