La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregaron una carta dirigida a los presidentes de ambas ramas del Congreso, solicitando la inhabilitación de la UDI de toda sesión o actividad parlamentaria relacionada con los derechos humanos, al denunciar que este Partido ha sido históricamente cómplice activo y pasivo de la dictadura cívico – militar que encabezó Pinochet.
Así lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien justificó esta petición en la inconsecuencia de la UDI al insistir en una estrategia de persecución judicial en contra de luchadores sociales, pero al mismo tiempo no ha hecho nada por extraditar desde Estados Unidos al Coronel Pedro Barrientos, uno de los autores de la muerte de Víctor Jara tras ser torturado y acribillado.
Alicia Lira agregó que la UDI además carece de idoneidad moral, pues por años defendió y avaló la figura de Paul Scheffer, jerarca de la polémica Colonia Dignidad, enclave alemán en donde se cometieron torturas, desaparición y muerte durante la Dictadura,
Por su parte, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, adhirió a esta petición, señalando que la verdadera cara de la UDI se manifiesta no sólo en la forma en que han apoyado históricamente la imagen de Pinochet, sino en su actuar en el Congreso, en donde de manera insistente se han opuesto a iniciativas de justicia y reivindicación para los familiares de los mártires de la represión.
Desde la Fundación Víctor Jara, su Director ejecutivo Cristian Galaz respaldo esta solicitud de la AFEP, al considerar que la UDI representa un sinónimo de Impunidad en nuestro país, recordando que el autor de la muerte de Víctor Jara sigue disfrutando de una vida tranquila en Miami, sin que nadie del gremialismo levante la voz condenando este hecho.
Pese a que inicialmente a las organizaciones de D.D.H.H se les prohibió injustificadamente el ingreso a dependencias del Congreso en Santiago, finalmente pudieron entregar la carta en donde rechazaron la actitud de la UDI al insistir en una defensa corporativa de los criminales de lesa humanidad, manteniendo un permanente conflicto de interés, dañando a la democracia, al pueblo de Chile y especialmente a los sectores más marginados y vulnerados del país.
