(Por Juan Gajardo López, dirigente del PC de Chile, miembro de la Comisión Política). El modelo de desarrollo impuesto bajo dictadura en nuestro país muestra evidencias ciertas de resquebrajamiento. Lo buscado por este gobierno de derecha es recubrir estas fisuras, con el objeto de proyectar este esquema socio-económico en las próximas dos décadas, a lo menos, para lo cual buscan proyectarse como mínimo, por otro período en el gobierno.
En lo sustantivo este modelo buscó una acumulación acelerada de capital, concentrado en pocas manos, generando así condiciones para integrarse competitivamente a mercados más globales. Para lograr eso acentuó marcos legales restrictivos que impidieran al trabajador incrementar su participación en las utilidades fruto de su trabajo, no respetó el medio ambiente, fomentó el consumismo irracional. Cierto es que hubo desde los años 90 una pretensión de atenuar los efectos negativos del modelo, pero sin afectar su esencia. Han sido básicamente movimientos sociales, centrados en demandas por derechos, quienes han cuestionado este modelo y dentro de esas, fue la movilización estudiantil del año 2011 quien hizo de sentido común muchas de las falencias del mismo.
En esa lógica debe entenderse la conducta del actual gobierno para tratar materias que dicen relación con la distribución de ingresos. El reajuste al denominado “salario mínimo”, más allá de la mezquindad de la oferta propiamente tal, el gobierno la asocia a la renuncia de los trabajadores a negociar este derecho en la práctica hasta el término de su período. De otra parte, la contra reforma tributaria que buscan tramitar favorece a menos del 5% de la población con mayores ingresos , recargando entonces la tasa impositiva a la inmensa mayoría. Señalemos comparativamente que casi el 80% de los nuevos recursos que están ingresando gracias a la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet provienen de impuestos al 1% más rico del país.
El denominado Estatuto Laboral para jóvenes es otra forma de birlar los derechos de los asalariados. En todas ellas el criterio predominante es maximizar las ganancias. Es este también el criterio imperante en empresas y no precisamente las estatales,situadas en las comunas de Quinteros y Puchuncaví , que hizo nuevamente crisis estos días y el interesado comentario de la señora Schmidt, improvisada ministra de Medio Ambiente.
Para imponer este modelo de desarrollo, los mandos de las fuerzas armadas chilenas a contar de 1973 y por casi 2 décadas, implementaron una política sistemática de violaciones a los derechos humanos. En estos días hemos seguido entregando como reconocimiento póstumo la medalla Luis Emilio Recabarren a más de 500 militantes comunistas asesinados, nuestras heroínas y héroes. Nuestra exigencia de justicia y que no se imponga la impunidad ante las muertes de nuestr@s compañer@s nos obliga a acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema que liberan a criminales de lesa humanidad.
La ofrenda de su vida por nuestr@s compañer@s y much@s otr@s chilen@s , así como quienes sufrieron prisión política y tortura, quienes fueron exonerados de sus trabajos, quienes lucharon en diferentes formas contra esta dictadura, exige el respeto a las verdades históricas, sobre todo si se pretende ser dirigente nacional de algún partido o movimiento opositor. En paralelo, la actuación conjunta de parlamentarios de oposición ante la impericia y prepotencia del gobierno del señor Piñera, refrenda el surgimiento desde las comunas y regiones de muchas y variadas formas de coordinación de la oposición.
