Desde el mundo político miran con preocupación los efectos que podría generar las medidas de integración tributaria que propone el gobierno, las cuales suponen una reducción entre 600 a 800 millones de dólares obtenidas por impuestos a las grandes empresas, quienes serán beneficiadas con una disminución de su gravamen, siendo posiblemente la clase media emergente la que debe suplir el déficit de estos recursos esenciales para desarrollar programas sociales.
Así lo comentó, por ejemplo, el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, quien insistió en que ninguna modificación tributaria puede pasar por la eliminación o restricción de ayuda social, agregando que debe fortalecerse a la pequeña y mediana empresa, pero no a aquellas que pretenden rotularse como pymes -pese a su gran volumen comercial, sólo para beneficiarse con esta propuesta del oficialismo.
Desde el Frente Amplio, el diputado autonomista Diego Ibáñez junto con manifestarse a favor de un IVA diferenciado para las pymes, calificó esta reforma tributaria de Piñera como “un saludo a la Bandera”, pues lejos de favorecer el crecimiento igualitario del país, sólo es un gesto desde el Gobierno a los grandes grupos económicos, concentrados principalmente en la Capital.
Para la ex Subsecretaria de Economía Natalia Piergentilli, en la iniciativa económica del Ejecutivo resulta cuestionable el supuesto beneficio que obtendrán las pymes, pues este proyecto no discrimina una exención tributaria en torno al nivel de ventas de estos emprendimientos, ni tampoco garantiza una distribución equitativa de lo recaudado en beneficio de las regiones.
En tanto el senador e integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, junto con advertir lo injusto que resulta que aquellos que más ganan no paguen proporcionalmente más impuestos, consideró al menos discutible que los accionistas de los grandes conglomerados económicos que retiren sus recursos para gastos propios reciban como beneficio un crédito tributario, tal como propone en su esencia este modelo de integración del Gobierno, enfatizó.
Por su parte, la integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Gael Yeommans, detalló que, pese a que nuestro país es uno de los que menos tributos cobra a las grandes empresas, aun así, este Gobierno permite poner en peligro una sería de programas sociales, sin establecer de manera clara un mecanismo de compensación que no sea gravar bienes y servicios propios a la clase trabajadora.
Entre las principales críticas esta política de integración tributaria propuesta por Piñera, surge su característica de ser una contrarreforma regresiva, pues la autoridad cede a las presiones del gran empresariado, además no favorece de manera alguna a los sectores emergentes ya que esta supuesta rebaja impositiva en la compra de una vivienda de 2000 a 4000 UF no representa a la inmensa mayoría del país que recibe un ingreso de menos de 500 mil pesos. Tampoco este proyecto colabora con las regiones al no existir ninguna obligación de que las empresas tributen en los lugares donde, por ejemplo, extraen sus riquezas, entre otros puntos desfavorables.
