Distintas centros de estudios ligados a partidos de oposición se plegaron a las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores en torno al salario mínimo y la necesidad de analizar y cumplir los convenios de la OIT, los cuales explicitan que el nivel remuneracional de los trabajadores debe permitirles romper el circulo de la pobreza asegurando su bienestar y el de sus familia.
En este sentido, la presidenta de CUT Bárbara Figueroa junto con saludar el apoyo de estas entidades de investigación, lamentó que el Gobierno nunca haya podido entender que el debate sobre el salario mínimo más allá de las cifras, se refería a la necesidad de avanzar en una institucionalidad y en un modelo de seguridad social inclusivo para toda la población.
Bárbara Figueroa emplazó al Ejecutivo a terminar con los argumentos relativos a que un alza del salario mínimo podría generar desempleo en el país, pues los crecientes cierres de varias empresas como Maersk, Iansa y Suazo han surgido por problemas estructurales y no por el nivel de sueldo de sus trabajadores.
Para el Wendoling Silva coordinadora del Instituto Igualdad afirmó que serán ahora los parlamentarios quienes deben ponderar la necesidad de terminar con la línea de la pobreza, considerando que el 50 % de los trabajadores del país reciben menos de los 420 mil pesos estimados como el umbral requerido para lograr acceder a lo menos a una canasta básica.
Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, su director Cesar Bunster junto con confirmar el respaldo de su organización al petitorio de la CUT, criticó la arremetida política de este gobierno, el cual contrarresta su sequia legislativa con un diluvio de vulneraciones a los más amplios derechos sociales.
Desde la CUT y los distintos centros de estudios sociales coincidieron en que es inmoral que un trabajador que cumple una jornada de 45 horas semanales no alcance a cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia. Agregando que la última encuesta suplementaria de ingresos del 2017 publicada por el INE arrojó que el 50 % de las personas ocupadas perciben ingresos menores a 379.673 en 2017, lo cual es altamente preocupante.
(Lea documento íntegro: Declaracion de los Centros de Estudio por salario mínimo)
