Organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de la Dictadura concurrieron masivamente hasta dependencias de la Corte Suprema, para manifestar su rechazo al fallo de la segunda sala penal del máximo tribunal, el cual le otorgan la libertad condicional a 5 uniformados en retiro que estaban presos en los penales Punta Peuco y Colina I, por delitos de “lesa humanidad”, ocurridos con posterioridad a 1973.
En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, expresó que esta resolución es una infamia y una bofetada a la democracia y a las víctimas, siendo además el reflejo de un Estado que por motivaciones políticas hace oídos sordos a la necesidad de justicia.
Por su parte, Alicia Lira presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos, afirmó que la conducta de los ministros de la Corte Suprema que resolvieron acoger este recursos de amparo a favor de los ex uniformados, es una afrenta no sólo a las víctimas y sus familiares, sino además a todos aquellos jueces que lucharon históricamente por la búsqueda de la verdad.
En tanto la abogada Julia Urquieta, junto con rechazar el contenido de este fallo basado en supuestas condiciones de salud de los imputados, argumentó que esta resolución contraviene de manera vergonzosa los tratados suscritos por Chile en materia de juicios por D.D.H.H tal como el Estatuto de Roma, el cual es explicita condiciones mínimas para este tipo de beneficios, los cuales no cumplen de manera alguna los militares hoy excarcelados.
Desde el mundo político, el Presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier manifestó sus legitimas dudas respecto a que tras la decisión de la Corte Suprema existan presiones desde el gobierno de la Derecha, pues coincidentemente a partir del 11 de marzo se ha construido una arremetida de impunidad, la misma que ha permitido a genocidas de Estado gozar hoy de estos beneficios carcelarios.
Al interior de eta misma colectividad, el secretario General del PC Lautaro Carmona expresó que fallos como el emanado por la segunda Sala Penal de la Corte Suprema -el cual reiteremos otorgó la libertad a 5 ex uniformados cómplices de la dictadura, extiende peligrosamente en el país un precedente que legitima y justifica el terrorismo de Estado.
Así mismo, el presidente de las Juventudes Comunista Camilo Sánchez denunció un silencio cómplice por parte del Gobierno de Piñera, al permitir que la familia militar ejerza su influencia y sus métodos de presión para que la justicia acceda a liberar a los condenados en Punta Peuco.
Desde las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, cuestionaron esta decisión judicial, pues marcaría un precedente nefasto a propósito del proyecto de ley, supuestamente de carácter humanitario, que va a enviar el gobierno para internos que presenten demencia o enfermedad terminal, lo cual claramente podría ser una estrategia velada para conseguir que los criminales de Estado eludan su responsabilidad por los delitos cometidos durante la represión.
