Partidos políticos de oposición de la Región Metropolitana solicitaron al Contralor General, Jorge Bermúdez, la ejecución de control y representación del decreto o acto administrativo respecto de la creación de la “Oficina de Grandes Proyectos” del gobierno por considerarlo “ilegal, arbitrario y discriminatorio.
A juicio de los dirigentes esta propuesta del Ejecutivo busca -bajo la excusa de destrabar trámites burocráticos- que los grandes empresarios tengan plena libertad de imponer su voluntad en el país en desmedro de la pequeña y mediana empresa.
Así lo expresó en primer término el Presidente Regional de la Democracia Cristiana, Patricio Mercado, quien justificó este requerimiento ante la intervención de funcionarios públicos quienes en calidad de lobistas buscan que conglomerados financieros burlen la institucionalidad ambiental con sus proyectos.
Sobre el fundamento empleado por el Gobierno para crear esta “Oficina de Grandes Proyectos” en orden a que durante la administración anterior estas iniciativas de inversión estuvieron detenidos, el dirigente falangista desmintió esta aseveración señalando que tal como es de público conocimiento, muchos emprendimientos privados de ese entonces siguen su curso de aprobación, sometidos a los trámites legales.
En la ocasión, el Presidente Regional del Partido Comunista Manuel Hernández enfatizó que este tipo de acciones por parte del Ejecutivo evidencian su interés de beneficiar sólo al gran empresariado, no dudando para ello en echar mano a toda su influencia política y administrativa para este fin, tal como lo demuestra por ejemplo la utilización del Tribunal Constitucional en desmedro del bienestar de la propia ciudadanía.
Del mismo modo, Manuel Hernández denunció que esta supuesta “Oficina de Grandes Proyectos”, es una invitación velada a las transnacionales a enriquecerse a manos llenas a costa de los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, amparados en un gobierno actúa como empresario y no como garante de bien común.
Sobre los fundamentos jurídicos de esta presentación ante la Contraloría, el abogado Andrés Retamales señaló que este Decreto que crea esta instancia de inversión por parte del Gobierno es ilegal en su origen, pues sólo intenta burlar la ley de impacto ambiental, y distorsionar la percepción ciudadana sobre el desarrollo de proyectos estratégicos en beneficio del país.
El abogado además acusó al Ejecutivo de infringir la Constitución pues actúa de manera arbitraria al elaborar una “Oficina de Grandes Proyectos”, excluyendo los emprendimientos de la pequeña y mediana empresa de Chile, quienes serán incapaces de competir con iguales reglas frente a los grandes conglomerados.
Frente a un acto que consideran ilegal, arbitrario y discriminador, desde la oposición sus dirigentes metropolitanos solicitaron al Contralor que no tome de razón esta acción administrativa que crea esta “Oficina de Grandes Proyectos “y en el evento que esta tramite ya se hubiera ejecutado, solicitaran al Contralor Bermúdez que se pronuncie sobre la pertinencia o no que tiene el Ministerio de Economía para emitir este tipo de Decretos o bien si es privativo de la cartera de Medio Ambiente.
