Marcos Barraza detalla los tres cápitulos de la acusación constitucional contra ministro Rabat

El diputado del Partido Comunista aseguró que existen fundamentos jurídicos suficientes para acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a agresores sexuales de menores de edad y condenados por crímenes de lesa humanidad. Además, cuestionó las explicaciones entregadas por el secretario de Estado ante el Congreso.
El diputado Marcos Barraza destacó la solidez jurídica de la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El libelo, de 189 páginas y tres capítulos, fue puesto en conocimiento de la Cámara de Diputadas y Diputados este lunes 16 de noviembre, dando inicio a su tramitación.
“Hay que destacar la solidez argumentativa y de los fundamentos que, en mi opinión, tienen mérito suficiente para que el ministro Rabat sea acusado constitucionalmente. Son tres capítulos muy contundentes”, sostuvo el parlamentario.
Respecto del primer capítulo, Barraza explicó que se fundamenta en las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, de las cuales 22 fueron identificadas mediante antecedentes publicados por medios de comunicación.
El legislador afirmó que estas decisiones contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430, que consagran el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, sostuvo que se habría vulnerado la Ley 21.421, que establece restricciones expresas a estos beneficios penitenciarios.
“Frente a un dilema, el ministro tendría que haber fallado a favor de la protección de las víctimas, del interés superior del niño, que en este caso es la víctima, y no lo hizo”, enfatizó.
El segundo capítulo aborda las rebajas de condena concedidas a tres responsables de crímenes de lesa humanidad.
Según explicó Barraza, las actuaciones del ministro habrían desconocido obligaciones internacionales del Estado chileno, particularmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos humanos, la sanción efectiva de estos delitos y el combate a la impunidad.
En esa línea, recordó que durante 2025 la Corte Suprema rechazó solicitudes de rebaja de condena de responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, cuestionó que en 2026 el ministro Rabat habría concedido administrativamente uno de estos beneficios sin una nueva resolución judicial que lo ordenara.
Finalmente, el tercer capítulo apunta a una eventual infracción al principio de probidad, debido a las explicaciones entregadas por el secretario de Estado ante el Congreso Nacional.
Barraza cuestionó que Rabat presentara su participación en los decretos como una labor meramente formal, atribuyendo las decisiones a las comisiones encargadas de revisar las solicitudes, pese a que, según sostuvo, el ministro tiene responsabilidad directa en su aprobación.
Asimismo, acusó al titular de Justicia de entregar antecedentes inexactos al Parlamento, particularmente al mencionar un caso del gobierno anterior en que supuestamente se habría beneficiado a un condenado por agresiones sexuales contra menores de edad, cuando la víctima correspondía a una persona adulta. “Entonces, le mintió al Congreso”, afirmó el diputado.
Para concluir, Marcos Barraza insistió en que los antecedentes contenidos en el libelo permiten sostener la acusación contra el secretario de Estado.
“Son tres capítulos muy contundentes en materia de acreditación de infracciones a la Constitución y a las leyes de la República”, concluyó