Dignidad de las personas mayores: hacia una red de cuidados más segura y sostenible
- El envejecimiento de la población exige fortalecer los apoyos, la fiscalización y la corresponsabilidad social, sin restringir la autonomía ni los derechos de quienes los reciben.
Según el Censo 2024 las personas de 65 años o más representan el 14% de la población chilena, mientras que un 22,2% tiene algún grado de dependencia, de acuerdo con los datos ofrecidos por la ENDIDE 2022. Estas cifras plantean el desafío de ampliar las alternativas de cuidado y garantizar que el acceso y la calidad de la atención sea cada vez más segura, digna y equivalente.
Para el académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), Investigador del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía (DISCA) e Investigador Adjunto del Centro de Investigación y Acción en Determinación Social y Salud Mental (CIADES), Juan Pino Morán, este escenario es perfectamente viable siempre y cuando se comience a trabajar en una red de apoyos y garantías públicas capaz de distribuir las responsabilidades de cuidado, sin que estas recaigan únicamente en las familias y, en especial, en la sobrecarga de mujeres como suele verse a menudo.
“Chile necesita avanzar desde un sistema fragmentado, que descansa principalmente en las mujeres y familias, hacia una red de corresponsabilidad social en que el Estado sea garante y donde las personas mayores y sus cuidadoras sean reconocidas como sujetos de derechos. Eso implica financiamiento estable y cobertura territorial equitativa para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, además de tiempos de respiro, formación, acompañamiento psicosocial y protección social para las personas cuidadoras y las personas cuidadas”, detalla.
Atención domiciliaria y comunitaria
Para el Dr. Pino la red también debe ofrecer alternativas acordes con las necesidades y preferencias de cada persona. Propone el “cuidado domiciliario, centros de día, viviendas tuteladas y residencias pequeñas abiertas a la comunidad, donde, ojalá, se expresen relaciones intergeneracionales”, de modo que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) sean parte de un continuo de atención y no el único destino.
El académico sostiene que las regiones y zonas rurales requieren especial atención por la menor disponibilidad de servicios y las distancias que dificultan el acceso, lo cual suele debilitar los vínculos afectivos y la salud mental. Por ello, destaca la atención domiciliaria y comunitaria como primera alternativa cuando las condiciones lo permitan, y plantea que las residencias deben favorecer la continuidad de las relaciones y la conexión con el entorno. “Las residencias de cuidado deben favorecer la continuidad de las relaciones afectivas y la conexión con el barrio para evitar rupturas y aislamientos que suelen ser factores de desarraigo que terminan deteriorando la salud física y mental de las personas mayores”, explica el especialista en psicología comunitaria.
Preservar vínculos y autonomía
El experto señala que la seguridad y la atención de las necesidades cotidianas no bastan por si solas para garantizar un cuidado digno. Subraya que deben respetarse las decisiones y los proyectos de vida de las personas mayores, incluso cuando presentan dependencia severa, considerando su voluntad al definir dónde vivir, quién les presta asistencia y cómo organizan su rutina.
“Un modelo de cuidado no debería partir preguntando qué es lo que la persona ya no puede hacer desde una perspectiva funcionalista y capacitista, sino cuál es su proyecto de vida y qué apoyos necesita para seguir llevándolo adelante. Ser ‘autovalente’ o ‘dependiente’ dice poco sobre la capacidad de decidir: una persona con ‘dependencia severa’ puede seguir decidiendo cómo, con quién y dónde vivir si cuenta con los apoyos adecuados”, añade a modo de defender el derecho de quienes requieren de cuidado.
Irrespetar esa autonomía relacional puede derivar en lo que Pino denomina “una institucionalización de la vida de las personas en cuidados, que, aunque sus necesidades físicas estén cubiertas, pierden la capacidad de decidir por sí mismas, quedando muchas veces, bajo restricciones o rutinas uniformes que reducen su vida a diagnósticos y medicamentos”.
Política, fiscalización y diseño
No obstante, para el Dr. Pino la calidad de la atención en todas sus dimensiones también depende de las condiciones de quienes cuidan. La precariedad laboral, la alta rotación y la falta de formación en derechos humanos dificultan las relaciones de confianza y el respeto por la dignidad de las personas mayores. “Apoyar a las familias y mejorar las condiciones laborales del personal son, por tanto, dimensiones complementarias de una misma política de cuidados”, subraya el doctor en Sociología.
Para el académico una red de cuidados de personas mayores más segura y sostenible, también requiere de una fiscalización periódica, intersectorial y efectiva de las residencias públicas, privadas e informales. También requiere, según indica, de “mecanismos independientes de denuncia y monitoreo del trato recibido”.
A su juicio, esta supervisión debe contemplar estándares exigibles de infraestructura, dotación y formación del personal, además de planes de emergencia rigurosos; medidas indispensables para prevenir tragedias como el incendio ocurrido en una residencia de Pitrufquén en septiembre de 2026, que cobró la vida de 16 personas mayores. “Pero, dentro de todo ello, las personas mayores tienen que estar en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas de cuidado, no solo como consultadas, sino con capacidad real de incidir en la articulación de una red orientada a la dignidad como derecho irrestricto”, concluye el también profesor de Terapia Ocupacional UOH.