Corte Suprema ordena reintegro de funcionaria desvinculada por alcaldesa Bown en San Miguel
Por Carolina Millalen
Tras cerca de dos años de espera, finalmente la Corte Suprema ordenó el reintegro de una funcionaria despedida injustificadamente en la Municipalidad de San Miguel, alcaldía liderada por la alcaldesa Carol Bown.
La orden del máximo tribunal ordenó la reincorporación de la funcionaria desvinculada bajo la actual administración en esa comuna y el pago de lo adeudado.
Desde la defensa de la trabajadora pública, su abogado Cristián Hidalgo transmite el criterio que definió la decisión: “La autoridad -una alcaldía, puede ser una ministerio, una subsecretaria, un servicio público-, cualquier autoridad pública, si emite un decreto conforme a derecho, crea derechos a personas determinadas y lo que ocurre es que no puede ser revocado”.
Si bien los municipios tienen potestad revocatoria la posibilidad de dejar sin efecto una resolución de una autoridad que le precedió “la ley es sumamente clara de prohibir que se revoquen actos anterior que constituyen derechos adquiridos para las personas trabajadoras y eso fue lo que ocurrió”:
En un primer momento el caso fue presentado a Contraloría que se declaró incompetente lo que hizo seguir los alegatos en tribunales. En primera instancia la Corte de Apelaciones de San Miguel planteó que el recurso de protección estaba fuera de plazo, en cambio la Corte Suprema resolvió apuntando a la norma expresa en el estatuto administrativo que en este caso fue una acción constitucional de protección.
“El fallo apunta a fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y de cualquier persona que adquiere derechos a partir de una decisión legítima de una autoridad y lo que aquí se pretende en definitiva, es tratar de evitar la arbitrariedad”, sostuvo Cristián Hidalgo señalando que el decreto alcaldicio de reincorporación ya fue notificado.
“Nuestro fallo sentó jurisprudencia y abrió las puertas para que personas trabajadoras vinculadas al mundo público puedan ejercer este tipo de acciones en adelante”, agrega el abogado. “Creo que el enfoque que le dimos fue el acertado y la CS nos da la razón esto abra las puertas para que las personas trabajadoras que se sientan vulneradas, que sientan que su separación de su cargo fue ilegal, fue arbitraria y que además si no les cabe la protección de este legítima confianza”, dijo refiriéndose al criterio de la antigüedad laboral que existe en el sistema público donde la gran mayoría de los funcionarios trabajan a contrata:
Respecto a la segunda obligación de pago, que consiste en pagar las remuneraciones devengadas desde la separación ilegal hastas la fecha de la reincorporación se traduce en 53 millones, explica:
Si bien se intentó negociar un acuerdo colaborativo con la municipalidad, además la administración de la alcaldesa Bown se negó a resolver por esa vía:
Por otro lado se refirió al sesgo discriminatorio que podría explicar también la situación de la funcionaria reincorporada a la Municipalidad de San Miguel, dado que fue contratada en la administración anterior de signo político opuesto al de la alcaldesa Bown quien es militante del partido político de derecha, UDI.
Asimismo, indicó que el recurso por discriminación es otra vía posible para demandar este tipo de actos, pero que procede bajo otros plazos más acotados y que tiene que ver con la tutela por vulneración de derechos fundamentales, pudiendo ser aplicado tanto para trabajadores del sector privado como público:
En esa línea, o sostuvo que la Corte Suprema viene desde hace varios años estableciendo derechos para trabajadores del sector del Estado lo que contradice la interpretación que instituciones públicas destinadas a fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales como la Inspección del Trabajo, sean exclusivas para resolver asuntos del sector privado”.
Patrimonio municipal
Junto con remarcar el precedente que abre esta resolución de la Corte Suprema, el abogado se refirió a la millonaria suma que se genera con la serie de decisiones tomadas por la alcaldesa y que finalmente su pago implica un desmedro para los recursos de los habitantes de San Miguel.
Más aún, el abogado indicó que será un procedimiento altamente complejo el ahora reasignar recursos dado el principio de legalidad que rige a las alcaldías con una regulación altamente rigurosa respecto a la asignación del presupuesto y de los recursos, lo que incluso puede generar, independiente de la intencionalidad, una malversación de los recursos.
Dentro del Concejo han fustigado duramente esta situación y la responsabilidad política de la alcaldesa, señaló Hidalgo. Además que el plazo ordinario es de 5 días, el abogado indicó que si la alcaldesa no cumple esta cancelación, “haremos presentaciones pertinentes pudiendo generar la tribuna del desacato porque estará desobedeciendo a la Corte Suprema lo que constituye un delito”.