Rebaja en condenas a violadores: Oposición busca interpelar a ministro, defensoría de la niñez rechaza y ex autoridad explica que el gobierno anterior no lo hacía
Tras la constatación de las rebajas de 56 condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, se desató una tormenta para el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, ex abogado del dictador Pinochet.
Desde la oposición anunciaron una interpelación al secretario de Estado y la presentación de un proyecto de ley para impedir que condenados por estos delitos accedan a dicho beneficio.
La bancada de diputados del Partido Comunista anunció que reunirá las firmas necesarias para interpelar al ministro Fernando Rabat y exigir antecedentes sobre los criterios utilizados para conceder estas rebajas de condena.
El diputado Marcos Barraza (PC) cuestionó duramente la medida y sostuvo que «el Gobierno ha traspasado un límite inaceptable, indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación. Se ponen del lado de los agresores y no de las víctimas».
A esta iniciativa se sumó la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para establecer expresamente que las rebajas de penas no se apliquen a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
«Yo estoy de acuerdo con ser humanitario, estoy de acuerdo con comprender los derechos de las personas privadas de libertad, pero separemos la paja del trigo», afirmó la parlamentaria, planteando la necesidad de distinguir entre el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y la aplicación de beneficios a quienes cometieron delitos de esta naturaleza.
Reacción desde el Ministerio de Justicia durante el gobierno
En medio de la controversia, Juan Pablo Ciudad, exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, comentó la diferencia de criterio que ellos mantuvieron: “La regla era simple: el Ministerio no otorgaba estas rebajas por decisión propia. Solo lo hacía cuando un Tribunal de la República lo ordenaba en un caso concreto”.
Ciudad explica, “si un tribunal ordenaba otra cosa, se acataba. Mientras tanto, defendíamos el interés superior del niño hasta la Corte Suprema. Y en marzo de 2026, en un recurso que apeló el Ministerio, la Corte Suprema nos dio la razón: la rebaja es un beneficio, no un derecho adquirido. Por tanto, el interés del poder ejecutivo era no concederlo en principio, en virtud de los tratados internacionales de protección de NNA”.
“La diferencia con lo que ocurre hoy es de fondo. Este gobierno otorgó 56 rebajas sin que ningún tribunal se lo ordenara caso a caso. El ministro dice que siguió el criterio de la Corte, pero ese criterio no es uniforme ni impide que el ministerio discutiera este este otorgamiento. Además, un fallo -y eso el ministro lo sabe – obliga solamente en la causa en que se dicta. Si estos casos no pasaron por un juez, si ningún tribunal lo ordenó, no hay a quién más responsabilizar: es una decisión política del Ministerio “por orden del Presidente de la República” puntualizó el abogado.
Cuestionamientos por la protección de la niñez
Las críticas también apuntan a las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esa línea, el defensor de la niñez manifestó su rechazo y preocupación por el otorgamiento de las 56 rebajas de condena y sostuvo que el Ministerio de Justicia debe explicar cómo estas decisiones se ajustan a la protección de las víctimas.
Conforme a lo dispuesto por la Ley de Garantías, el ministerio tiene el deber jurídico de fundamentar los criterios considerados para otorgar estos beneficios, especialmente ante la existencia de legislación que establece exclusiones para determinados casos. Sin embargo, las controversias sobre la aplicación de la normativa a hechos anteriores a su entrada en vigencia corresponden a los tribunales de justicia, en el marco de sus atribuciones y con respeto a la independencia judicial.
El pronunciamiento también enfatiza que esta discusión no exime al Ministerio de Justicia de explicar las razones que motivaron un eventual cambio de criterio y las medidas adoptadas para resguardar a las víctimas. «Detrás de estas decisiones hay niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación», señala el defensor.
Asimismo, recordó los avances legislativos impulsados durante distintos gobiernos para enfrentar la violencia sexual contra la niñez, entre ellos la imprescriptibilidad de estos delitos, la implementación de entrevistas investigativas videograbadas, la tipificación de la explotación sexual y la aprobación de la Ley de Garantías.