La ilusión del modelo liviano en IA para Chile
Por el Grupo de Investigación Interuniversitario “Ética, IA y Desafíos Actuales”
El 2 de agosto entró en vigencia el corazón del AI Act europeo con una premisa que Chile corre el riesgo de olvidar: los costos de la inteligencia artificial no los paga la innovación en abstracto, sino las personas cuando los riesgos se materializan. La discriminación algorítmica, el uso masivo e inconsulto de datos y las brechas de ciberseguridad son daños tangibles que exigen prevención ex ante.
En este contexto, según informó La Tercera, el Ministerio de Ciencia prepara una indicación sustitutiva para dejar atrás el modelo preventivo y avanzar hacia uno «más flexible y proporcional», basado en estándares voluntarios y sanciones reactivas ante daño concreto. La preocupación por no trabar el desarrollo técnico es atendible, pero flexibilizar la prevención a costa de desproteger derechos parte de premisas problemáticas.
En sistemas cuyos impactos suelen ser acumulativos y opacos, intervenir solo tras el daño comprobado significa que el costo ya recayó sobre la ciudadanía. Con auditorías voluntarias, el control queda en manos de quien desarrolla la tecnología, privatizando beneficios y socializando riesgos. Lo mismo ocurre con los sandboxes regulatorios: experimentar con tecnología es legítimo; experimentar con derechos fundamentales en salud, educación o servicios públicos, sin salvaguardas claras ni trazabilidad, no lo es.
El flanco más delicado, sin embargo, es estratégico. Justificar un marco desregulado emulando a Estados Unidos, Japón o Singapur asume una falsa equivalencia. Aquellas potencias concentran capital, infraestructura e influencia para fijar estándares globales.
Chile no compite desde esa posición. Una regulación permisiva no creará por sí sola una industria nacional de vanguardia; más bien arriesga consolidar al país como un mero proveedor de suelo, agua y energía para centros de datos extranjeros. Además, distanciarse del estándar europeo encarecerá la interoperabilidad para nuestras empresas y fomentará el arbitraje regulatorio: atraer actividades de alto riesgo que buscan jurisdicciones con menores exigencias.
Nada de esto implica oponerse a la IA, cuyo potencial para la ciencia y el bienestar social es indiscutible. La disyuntiva no es asfixiar la innovación o desregular el mercado. Una regulación inteligente y situada no frena el avance técnico: distribuye responsabilidades, genera confianza y resguarda la soberanía tecnológica. Definir qué riesgos aceptamos y cómo gobernamos estos sistemas son preguntas éticas y políticas que exigen diálogo vinculante entre desarrolladores, el Estado y las humanidades.
Chile no debe elegir entre calcar el modelo europeo o importar una versión liviana del estadounidense. Necesita una gobernanza propia, adaptada a nuestras capacidades, pero lo bastante robusta para innovar sin trasladar los costos a quienes jamás decidieron asumirlos.
Autores:
Integrantes del Grupo de Investigación Interuniversitario “Ética, IA y Desafíos Actuales” Heber Leal, Director del Diplomado en Ética Algorítmica y Comunidad Responsable, Universidad San Sebastián.
Joaquim Giannotti, Director del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor.
Verónica Moreno, estudiante de Doctorado en Filosofía, investigación en ética de la IA, Universidad Católica de Chile.
Alfonso Henríquez R. Prof. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Concepción.
David Muñoz, Docente Departamento de Formación Integral, Universidad San Sebastián.
Javiera Ortega Bastidas. Prof. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción.