Juan Pablo Ciudad asegura que “gobierno de de Kast ha erosionado avances de derechos humanos” y advierte riesgos para comunidad LGTB
Juan Pablo Ciudad, ex jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la administración de Gabriel Boric y actual encargado LGBT del Partido Comunista, entregó un balance sobre las políticas de derechos humanos implementadas por el gobierno anterior y las medidas adoptadas por la actual administración en esta materia. También realizó un diagnóstico sobre los riesgos del avance de la ultraderecha para los sectores más estigmatizados.
Ciudad recordó que, “en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric”, el Ministerio de Justicia impulsó la aprobación de la ley que crea la categoría de “ausente por desaparición forzada”, norma —hoy Ley N° 21.775— que permite reconocer a las víctimas de desaparición forzada sin que se hayan encontrado sus restos, mediante un registro a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Según el exjefe de gabinete, el gobierno buscó que “el reglamento de implementación” estuviera “terminado antes de finalizar” la administración, junto con la entrega de carpetas de calificación realizada en agosto de 2024.
Respecto de la gestión actual, Ciudad afirmó que “el gobierno actual ha desarrollado una política orientada a ir erosionando aquellas conquistas que se habían alcanzado en materia de derechos humanos”, mencionando como primer hito el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 desde la Contraloría General de la República, ocurrido el 17 de marzo, según confirmó en su momento el ministro Fernando Rabat, quien señaló que el documento sería “revisado” y reingresado posteriormente. El instrumento, elaborado durante el gobierno anterior, contemplaba 175 medidas en cinco ejes estratégicos.
A esto se sumó, según Ciudad, el desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ocurrido “el 30 de marzo”, con la salida de profesionales a cargo de la coordinación de búsqueda y del trabajo de archivo. La desvinculación de las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda —entre ellas Paulina Zamorano, Magdalena Garcés y Tamara Lagos— fue confirmada por el Ministerio de Justicia a fines de marzo, medida que generó el rechazo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Sobre la situación de la diversidad sexo-genérica, Ciudad citó estudios encargados al Registro Civil durante el gobierno anterior sobre la implementación de la ley de matrimonio igualitario y de la Ley 21.120 de identidad de género. Según señaló, mientras “más del 67%” de quienes solicitaron matrimonio igualitario declaró ingresos “sobre dos millones de pesos”, en el caso de las personas que tramitaron cambio de sexo y nombre registral, “el 47%” no tenía acceso a un trabajo formal y solo “el 17%” de quienes trabajaban percibía ingresos superiores a 600 mil pesos.
En materia de seguridad, Ciudad sostuvo que “la comunidad LGBT, producto del avance cultural de la ultraderecha, claramente tiene una percepción de riesgo mucho mayor a la que tenía hace un año atrás” y llamó a incorporar un “enfoque pormenorizado” en las políticas de prevención del delito dirigidas a población en mayor situación de riesgo, como mujeres, adultos mayores, niñez y diversidades sexuales.
Finalmente, a propósito de la conmemoración del 4 de septiembre, Ciudad planteó la necesidad de “reconstruir una agenda” de derechos vinculada a las demandas del mundo del trabajo, afirmando que existe “un permanente diálogo con los partidos de oposición y (…) con las organizaciones sociales” para enfrentar el actual escenario político.
Finalmente, el abogado concluyó haciendo un llamado a los movimientos sociales y los partidos de oposición para resistir el avance de la ultraderecha y construir una agenda común, sin retroceder en los derechos de las diversidades sexogenericas, pero tampoco en el conjunto de la clase trabajadora.