Estado de excepción de Kast: Organizaciones sociales plantean rechazar su idea de legislar
Por Carolina Millalen
Sin posibilidad de circular libremente, de reunirse o de pertenecer a una agrupación durante 8 meses, es lo que plantea el proyecto de seguridad del ejecutivo, el cual entrega la potestad de decisión al Presidente para aplicar esta medida, al margen de la deliberación parlamentaria.
“Lo más importante a destacar en la iniciativa es el hecho de que el Presidente de la República en ejercicio haya decidido que era una buena idea enviar al Congreso un proyecto de ley que busca restringir nuestras libertades fundamentales”, señala Sebastián Benfeld, director ejecutivo de Escazú Ahora, una de las entidades que encabeza la declaración “La democracia no se negocia” y que fue llevada por más de 150 organizaciones hasta La Moneda días atrás en rechazo a la iniciativa.
“Son muchas libertades en juego, pero también es mucho el tiempo en que esas libertades son suspendidas”, explica apuntando a la extensión de la propuesta que contempla hasta 240 días:
La aplicación del estado de excepción se surte además en el proyecto de herramientas como la interceptación de las comunicaciones, el requisamiento de bienes e incluso relegaciones, advierte:
Varios de los puntos ya están normados en la legislación, acota Sebastián Benfeld. “Hay todo un procedimiento que permite resguardar nuestros derechos. Acá, lo que se hace es suspender todas las garantías fundamentales que nos permiten vivir en sociedad y es ahí donde se afecta la democracia”.
La declaración es parte de una serie de actividades que las organizaciones firmantes están entablando para visibilizar los efectos negativos de la reforma, donde próximamente acudirán al Congreso para llamar a las y los parlamentarios a que rechacen el proyecto que hoy dispone de urgencia simple y cuya discusión sobre la idea de legislar se pospuso hasta la primera semana de octubre:
“Muchos parlamentarios han hablado que el proyecto va a ser modificado, incluso en prensa se dice que ya se desechó, pero eso no es efectivo. En la práctica, cuando uno discute lo primero que se hace es votar la idea de legislar”.
Por otro lado, Benfeld advirtió que el proyecto al no estar en tabla de discusión se negocia a espaldas de la ciudadanía: “No ha sido puesto en tabla de discusión. Cuando se pone en tabla la gente puede ver lo que se está conversando. Hoy día en los pasillos del Congreso se está negociando cómo este proyecto va a terminar”.
“La democracia exige que cualquier negociación sea transparente y de cara a la ciudadanía, que se ponga el proyecto en tabla y se discuta ahi cualquier tipo de modificación”, relevó al señalar que las libertades no son negociables:
“Queremos que vayamos como país en dirección completamente contraria: no restringir derechos sino que vayamos proteger y fortalecer los derechos de la sociedad civil”.
“Tú, yo, cualquier persona”
La campaña también insta en que se avance sobre proyectos importantes para la sociedad civil “como es la protección de defensores ambientales”, acota el director ejecutivo de Escazú Ahora, al igual como cabe la posibilidad de reformar la ley 20.500 para el fortalecimiento de la participación ciudadana
Respecto a los defensores ambientales sostiene que son unos de los más afectados con este proyecto de seguridad que requiere una reforma constitucional, dado el alto número de muertes en la región continental y donde Chile no es una excepción, en tanto la violencia explícita se ha incrementado:
“Estas políticas no ayudan sino por el contrario: merman la posibilidad de que un defensor pueda tener algún tipo de protección ante este tipo de casos de agresión”, precisa describiendo su figura: “Puede ser cualquier persona: tú, yo cualquier persona. Son básicamente quienes denuncian la tala ilegal de bosque, un vertedero ilegal, una quema en un lugar no autorizado. Son quienes protegen a todos, protegen nuestro ecosistema”.