Tribunales avanzan en reparación a víctimas de la dictadura durante agosto
Diversas resoluciones judiciales condenaron al Estado a indemnizar a víctimas de detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y otras graves vulneraciones cometidas durante la dictadura. Organizaciones de derechos humanos también conmemoraron décadas de lucha por verdad, justicia y memoria.
Durante agosto, distintos tribunales del país continuaron avanzando en el reconocimiento y reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar, mediante una serie de fallos que establecieron indemnizaciones a víctimas y sus familiares.
Entre las resoluciones destaca la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de elevar a $80 millones la indemnización que el Fisco deberá pagar a una mujer detenida ilegalmente en septiembre de 1986 y sometida a torturas, vejámenes y agresiones sexuales por agentes del Estado.
Asimismo, la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar $30 millones a los hijos de Eddy Navarro Harris, quien fue detenida y torturada por agentes del Estado en agosto de 1974. A ello se suma la resolución de la Corte de Santiago que fijó en $150 millones la indemnización para una mujer detenida a los 21 años y sometida a torturas y agresiones sexuales tras participar en una jornada de paro y protesta nacional en 1985.
Los fallos también abarcaron casos de estudiantes, trabajadores, periodistas y dirigentes sociales perseguidos y torturados durante distintos períodos de la dictadura. Entre ellos se encuentra Carlos Arquero Espinosa, estudiante y dirigente secundario detenido en 1975 y sometido a torturas y simulacros de fusilamiento en un recinto de la Armada, por quien el Fisco deberá pagar $80 millones.
Durante el mes, la Corte Suprema también confirmó indemnizaciones para víctimas de violaciones a los derechos humanos y fijó nuevos montos en casos individuales. Entre ellos, estableció $60 millones para Héctor González González, funcionario del SAG detenido y torturado en La Serena en 1974, y $100 millones para José Guerrero Lara, detenido ilegalmente y torturado en noviembre de 1973.
Otro de los casos corresponde a Luis Enrique Hidalgo Leiva, detenido en diciembre de 1973 por militares y trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo, donde fue torturado y sometido a descargas eléctricas y simulacros de fusilamiento. La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Fisco y mantuvo la indemnización de $200 millones para su viuda e hijos por daño moral por repercusión.
Los avances judiciales se sumaron a distintas iniciativas vinculadas a la memoria y la defensa de los derechos humanos. El 21 de agosto, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) conmemoró 50 años de existencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, destacando la trayectoria de sus fundadoras y fundadores en la búsqueda de verdad y justicia.
En la misma línea, el 28 de agosto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) realizó una manifestación frente a La Moneda, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exigiendo verdad, justicia y memoria y expresando su rechazo a los indultos a perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
La jornada de agosto también estuvo marcada por avances en materia de justicia para víctimas de la Caravana de la Muerte. En Ovalle se realizó la restitución de los restos de Marcos Barrantes Alcayaga, ejecutado en octubre de 1973, luego de un proceso de exhumación y nueva identificación de sus restos. El ministro Sergio Troncoso destacó que la restitución permitió entregar a la familia prácticamente el cuerpo completo y con certeza sobre su identidad.
A más de cinco décadas del golpe de Estado, estos procesos judiciales y las acciones de las organizaciones de derechos humanos dan cuenta de la persistencia de la búsqueda de verdad, justicia, reparación y memoria, como elementos fundamentales para garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse.