Si la CUT hace política, ¿qué hace la CPC?

Por Eric Campos Bonta, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores.

Hace algunos días, el exministro Ignacio Briones afirmó que la CUT funciona más como un partido político que como representante general de los trabajadores. Luego, Emol publicó un artículo preguntando: “¿A quiénes representa la CUT?”. Sin embargo, ni Briones ni El Mercurio suelen preguntarse con la misma insistencia a quién representa la CPC, qué intereses defiende y cuánto poder político ejerce sobre las decisiones del Estado.

La respuesta es sencilla: la CUT representa a trabajadores organizados y la CPC representa al gran empresariado. Ambas intervienen en el debate público porque la relación entre capital y trabajo es necesariamente política. La diferencia es que, cuando los empresarios defienden sus intereses, se habla de opinión técnica, modernización o crecimiento; cuando lo hacen los trabajadores, se les acusa de ideologización.

La CUT no representa a todos los trabajadores del país, como tampoco la CPC representa a todos los empresarios, emprendedores o pequeñas empresas de Chile. Pero la CUT es, indiscutiblemente, la central sindical de mayor tamaño, presencia territorial e influencia nacional. Por eso, afirmar que Chile carece de un interlocutor laboral parece significar, en realidad, que al exministro no le sirve el interlocutor que existe porque no comparte su agenda de flexibilidad laboral.

Tener una posición política no convierte a una organización sindical en partido. Un partido busca gobernar el Estado, presenta candidaturas y desarrolla un programa general de gobierno. Una central sindical organiza trabajadores y defiende sus intereses económicos, sociales y laborales. No pretende sustituir a los partidos: busca disputar las decisiones que afectan la gente que vive de su trabajo.

Los sueldos, las jornadas, las pensiones, la negociación colectiva, la seguridad social y las indemnizaciones se deciden políticamente. Por eso, el sindicalismo no puede limitarse a administrar contratos colectivos o beneficios gremiales. El sindicalismo es sociopolítico porque comprende que las condiciones laborales están vinculadas con el modelo de desarrollo, la distribución de la riqueza y las relaciones de poder existentes en la sociedad.

Existe, además, un legítimo derecho de los dirigentes y dirigentas sindicales a militar en partidos políticos, como puede hacerlo cualquier ciudadano. Esta vinculación ha sido una constante histórica del movimiento sindical chileno y no constituye, por sí misma, subordinación partidaria. La militancia de algunos dirigentes no anula el mandato democrático recibido de sus bases ni pone en riesgo la autonomía de la CUT.

En la Central, la gran mayoría de sus dirigentes son independientes y conviven distintas sensibilidades políticas, incluidos dirigentes de derecha. Esa pluralidad demuestra que la Central no pertenece a un partido: pertenece a las organizaciones sindicales que la integran y sus decisiones deben responder a las trabajadoras y los trabajadores que representa.

La pregunta que nunca formula El Mercurio es si la CPC actúa políticamente. Durante este mismo Gobierno, la organización empresarial entregó propuestas para sus primeros cien días, sostuvo reuniones con el Presidente de la República y sus ramas participaron, junto al ministro del Trabajo, en discusiones sobre inversión, empleo y regulación laboral. Eso también es incidencia política organizada.

No cuestionamos que los empresarios defiendan sus intereses. Lo que cuestionamos es que esos intereses sean presentados como los intereses generales del país, mientras las demandas de los trabajadores aparecen reducidas a una supuesta agenda partidista. La política del capital se disfraza de técnica; la política de los trabajadores es denunciada como ideología.

La representación sindical tampoco es una ocurrencia de la CUT. La OIT, única agencia tripartita del sistema de Naciones Unidas, está conformada por gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Para integrar sus instancias, los Estados deben consultar a las organizaciones más representativas de cada sector. El tripartismo internacional reconoce que trabajadores y empleadores poseen intereses diferenciados y necesitan organizaciones propias para expresarlos.

La CUT participa, además, de un movimiento sindical que trasciende las fronteras nacionales mediante las centrales internacionales y los sindicatos mundiales. El capital actúa globalmente, organiza sus intereses y ejerce influencia sobre los Estados. Sería absurdo exigir que los trabajadores permanezcan encerrados dentro de cada empresa y renuncien a construir poder nacional e internacional.

La fragmentación sindical chilena no surgió espontáneamente. Es, en gran medida, consecuencia del Plan Laboral impuesto en 1979 por la dictadura y conducido por José Piñera. Ese modelo restringió la negociación colectiva, la concentró principalmente en la empresa y promovió la atomización de las organizaciones.

La dictadura sabía que para imponer el neoliberalismo era necesario desarticular previamente el poder sindical. No bastaba con modificar la economía. Había que debilitar las organizaciones colectivas, intervenir los sindicatos, perseguir a sus dirigentes y promover una cultura basada en el individualismo.

La ofensiva fue económica, institucional y cultural. Se buscó reemplazar la idea de derechos colectivos por la noción de que cada trabajador debía negociar individualmente su destino. Pero en la relación laboral no existen dos partes equivalentes. El empleador controla el capital, la organización productiva y la continuidad del empleo; el trabajador depende de su remuneración para sostener su vida y la de su familia.

El derecho laboral reconoce esa asimetría. Precisamente por eso existen los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga: para construir un contrapeso frente al poder del capital. Debilitar a las organizaciones sindicales no amplía la libertad de los trabajadores; fortalece la libertad empresarial para imponer unilateralmente sus condiciones.

La CUT tiene desafíos importantes. Mediar los procesos de transición justa, organizar a jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores informales y de plataformas, y fortalecer permanentemente su vínculo con las bases. La representatividad no puede darse por adquirida: debe construirse todos los días.

Pero una cosa es exigir más democracia y representatividad sindical y otra muy distinta es utilizar la fragmentación heredada de la dictadura para excluir a la principal central del país de la discusión laboral.

El problema de fondo no es que la CUT haga política. El problema para ciertos sectores es que los trabajadores organizados puedan construir poder y disputar la orientación de las políticas públicas. Por eso, cuando la CPC interviene, se habla de diálogo; cuando interviene la CUT, se habla de politización.

Si de verdad queremos discutir la representatividad de los actores sociales, hagámoslo con una sola vara. Preguntemos a quién representa la CUT, pero también a quién representa la CPC. Transparentemos los intereses de ambos sectores y reconozcamos que el diálogo social no consiste en que los trabajadores acepten una agenda previamente definida por el Gobierno y los empresarios.

Los trabajadores no necesitan interlocutores dóciles. Necesitan organizaciones autónomas, democráticas y con capacidad real para defenderlos. Eso no es partidismo. Eso es sindicalismo.