La PDI la seguía y fotografiaba: Defensa de Karina Riquelme presenta amparo por seguimientos policiales en Río Bueno
La acción constitucional se funda en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2023, cuando funcionarios de la PDI habrían fotografiado a la abogada, el vehículo en que se trasladaba y el equipo que la acompañaba mientras desarrollaban labores propias de la defensa jurídica, en una causa distinta a la de Julia Chuñil. Por otra parte, la Fiscalía confirmó que la defensora de DD.HH no se encuentra en calidad de imputada por declaraciones que habría emitido en un punto de prensa por el caso de Julia Chuñil.
La defensa de Karina Riquelme, reconocida abogada defensora de derechos humanos, anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. La acción constitucional se funda en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2023, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron labores de vigilancia y seguimiento en las inmediaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.
Según el escrito, durante esas diligencias fueron fotografiados Karina Riquelme, el vehículo en que se trasladaba y el equipo que la acompañaba mientras desarrollaban labores propias de la defensa jurídica. El recurso sostiene que estas actuaciones constituyen una afectación al libre ejercicio de la profesión y a la seguridad individual de quienes ejercen la defensa de derechos humanos.
Asimismo, recuerda que la Corte Suprema ya había impartido instrucciones para que las policías evitaran realizar actuaciones que perturbaran el normal desempeño de abogados en el ejercicio de sus funciones. La acción presentada por el abogado Rodrigo Pizarro Rosales solicita que se declare “la ilegalidad de las labores de vigilancia denunciadas y que se adopten medidas para impedir que este tipo de actuaciones vuelva a repetirse respecto de abogados y abogadas en el ejercicio de su labor profesional”.
La defensa se encuentra esperando que la Corte de Apelaciones de Valdivia acoga este recurso de amparo. Abogada de hijos de Julia Chuñil no está siendo investigada por revelación de secreto En una acción distinta e independiente, este viernes se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Valdivia una audiencia solicitada por la defensa de la abogada de derechos humanos, Karina Riquelme Viveros.
La diligencia buscaba recibir información oficial sobre la investigación por la infracción al secreto de causa reservada vinculada a su representación jurídica de la familia de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche desaparecida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.
En la instancia, la fiscalía de Los Ríos confirmó que la defensora de Derechos Humanos no está siendo investigada en esta arista. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene el proceso para determinar la trazabilidad del acceso, divulgación y difusión pública del documento judicial filtrado de la causa bajo reserva legal. Previo a la audiencia, la defensa había señalado que existían dificultades para acceder a los antecedentes que sustentan la investigación, situación que, a su juicio, afectaba el ejercicio del derecho a defensa.
El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, señaló que la fiscalía regional dispuso medidas de seguridad para el fiscal adjunto que compareció en la audiencia. Es decir, el representante del Ministerio Público mantuvo la reserva de su identidad y compareció a través de modalidad telemática. “Este punto nos causa especial curiosidad, por qué razón la fiscalía decide mantener oculto al fiscal interviniente en la causa si la abogada defensora de derechos humanos, Karina Riquelme no está siendo investigada, como ellos mismos lo confirmaron. Además, la fiscalía solicitó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y observadores internacionales de derechos humanos no presenciaran la audiencia, sin embargo el juez a cargo rechazó esta petición”, enfatizó Pizarro.
La apertura de esta investigación y la posible imputación de la abogada había generado preocupación entre académicos y organizaciones internacionales dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos, quienes han advertido que este tipo de actuaciones puede afectar el libre ejercicio de la profesión y producir un efecto inhibitorio en abogados que intervienen en causas de alto interés público.