La izquierda afina su contrapropuesta de seguridad en Seminario organizado por centros de pensamiento y arremete contra amateurismo de Kast
La tarde de este jueves en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Humanismo Cristiano, se desarrolló el seminario: “Agenda de seguridad pública: de la política pública al territorio”, una jornada organizada por centros de pensamientos progresistas y de izquierda que reunió a ex autoridades de gobierno y alcaldes reflexionando sobre los aciertos, los errores y las deudas en seguridad del gobierno de Gabriel Boric y por supuesto, de los primeros meses de Kast.
El primer panel estuvo compuesto por el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, el ex subsecretario de Seguridad Pública y uno de los redactores de la ley que creó el ministerio Rafael Collado, la diputada Tatiana Urrutia representante del distrito 8 e integrante de la comisión de seguridad de la cámara de diputados y Alejandro Urquiza experto en seguridad y ex Jefe de División De Crimen Organizado, Terrorismo Y Seguridad Fronteriza.
Mientras que el segundo estuvo compuesto por el alcalde de Recoleta Fares Jadue, la directora de seguridad pública de Estación Central María Olga Letelier y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda Luis Astudillo.
En el primer panel, Elizalde defendió los avances logrados en el gobierno anterior respecto a esta materia, “si uno analiza los resultados de lo que fue la gestión del gobierno del presidente Boric, y lo compara la gestión del presidente Piñera en sus dos mandatos, lo cierto es que el cambio más significativo que hubo es que en el mandato pasado por primera vez el Estado se puso por delante de la delincuencia para anticipar a través de políticas públicas, y no estar siempre detrás”.
Después cargó duramente contra la reforma constitucional y el gobierno de José Antonio Kast, “ hizo una campaña asegurando que la seguridad era su principal preocupación y que más bien la seguridad era un tema de actitud, de voluntad, no señalaba que había que cambiar la constitución ni la ley, sino que faltaba voluntad (…) pero llama la atención la enorme improvisación con la cual llegó el gobierno, la ministra Steiner lo reconoció no tenía ni una hojita redactada, nada”.
En cuanto a la reforma, destrozó la manera en que esta está escrita: “La propuesta propone eliminar prestaciones de seguridad social, en educación, la libertad de trabajo y la salud que sean financiadas por recursos públicos y el artículo 19 de la constitución, que asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad nacional. Y en la letra H no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales, ese es el texto vigente, que no se toca en la reforma, es evidente que esta reforma la redactó alguien que ni siquiera se leyó la constitución”.
Alejandro Urquiza partió desde la autocrítica “fue complejo hacernos cargo del tema, pero en 4 años avanzamos bastante, aprendimos mucho y sin duda falta mucho más. Y en la perspectiva de disputar nuevamente el espacio de gobierno vamos a necesitar muchas manos en esa discusión”.
Urquiza detalló que cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, terminando la pandemia el alza de homicidios era muy alta, por tanto, les tocó hacerse cargo del combate al crimen organizado de una manera diferente, “la pregunta era cómo resolverlo pensando en el bien común y no solo habilitando herramientas que permitieran reprimir (…) llegamos a la conclusión de que lo que necesitábamos en realidad era fortalecer las instituciones del Estado, que se hacían cargo de la persecución, la prevención y la inserción. Eso nos permitió elaborar la política contra el crimen organizado”.
Volviendo al tema de fondo, señaló que, “este gobierno nos da la posibilidad de derribar el mito de que la seguridad todos la aplican de la misma manera, que hay una especie de acuerdo transversal en el uso de la fuerza y eso no es así”.
Por otra parte, Rafael Collado y Tatiana Urrutia pusieron acento en las leyes que se tramitaron en el gobierno anterior, pero sobre todo, en aquellas que quedaron pendientes; la ley de seguridad municipal, la de fiscalías supraterritoriales, el subsistema de inteligencia. Asimismo, Collado, advirtió que las medidas propuestas por Kast en materia de seguridad afectan de manera muy fuerte a personas neuro divergentes.
Tatiana Urrutia criticó las prioridades legislativas del gobierno de Kast asegurando, “ no hay una estrategia real contra el tráfico de armas y municiones, hoy día estamos legislando por ejemplo si convertir un delito el insultar a un carabinero y el carabinero sale a la calle y le disparan, ese es el absurdo y va quedar en letra muerta probablemente por como está redactado”.
En la misma línea mencionó que mientras se sigue discutiendo el registro de vándalos que a todas luces se va a declarar inconstitucional, aún no se presenta un proyecto de ley para fortalecer la reinserción social.
El alcalde de Recoleta, Fares Jadue aseguró que bajó el gobierno anterior, con un trabajo mancomunado entre la delegación presidencial, el ministerio de seguridad, el municipio y las organizaciones sociales, se había avanzado significativamente en lugares dónde ocurrían muchos delitos, cuestión que se ha modificado por mera voluntad del ejecutivo. Aún así, aseguró que se demoró mucho la creación del ministerio.
“Se bajó la barrera de concursabilidad y se generó una estandarización de recursos directos para las comunas, que favoreció el poder acortar esa brecha que establecen asimetrías en las capacidades de distintos municipios para abordar la seguridad”, dijo Jadue.
“Ayer no más Arrau estuvo en la comuna de Recoleta y no había avisado, nos pasó lo mismo con la ministra Steiner”, aseguró agregando algo aún peor, “no hemos repuesto ninguna de las estrategias que se venían desarrollando con las autoridades anteriores, se abandonaron las mesas jurídico policial, no hay direccionalidad, no tenemos la coordinación con la delegación presidencial de niveles de fiscalizaciones que teníamos” fustigó el alcalde.
Quien sentenció que este gobierno no tiene visión política para trabajar en conjunto con los municipios, sino que más bien el ejecutivo busca mermar las capacidades de estos.
