Eliminar el INDH sería un grave retroceso para la democracia

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile

Señor director,

En los últimos días, múltiples parlamentarios del oficialismo han señalado que debería eliminarse el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

No es la primera vez que desde esos sectores se plantea algo de ese tipo. En otros momentos de los últimos 15 años, parlamentarios del actual oficialismo han también afirmado que debiera cerrarse el INDH, que quede sin presupuesto o presentado requerimientos para que se remuevan a integrantes de su Consejo.

En esta oportunidad, el hecho concreto que motivó esta arremetida es que personal del INDH visitó en la cárcel al imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme. Lo anterior ante algunas solicitudes para verificar sus condiciones de detención. Cabe recordar que los funcionarios del INDH realizan permanentemente estas visitas en cárceles, comisarías y otros lugares de privación de libertad. De hecho, equipos del Instituto han realizado diversas veces observaciones en la cárcel Punta Peuco entregando a Gendarmería diversas recomendaciones de mejora. Lo anterior es por un principio muy simple: una institución de derechos humanos no puede negar una visita a personas privadas de libertad por el delito que puedan haber cometido.

Cabe recordar que la creación del INDH recoge una de las recomendaciones del Informe Rettig; que Chile contara con una institucionalidad autónoma de derechos humanos, con un mandato amplio de promoción y protección, a modo de garantía de no repetición, Por otro lado, prácticamente en casi todos los países de las Américas existen instituciones de este tipo sea como Instituto, como Comisión o Defensoría del Pueblo.

Esperamos que el gobierno no avance en la propuesta de un grupo de parlamentarios de su sector de eliminar el INDH. Se trata de una institución que, como cualquier otra, puede ser fortalecida y perfeccionada en su gobernanza y atribuciones, pero su eliminación sería un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en Chile.

Para abordar con seriedad este debate es imprescindible que todos los poderes del Estado asuman que en un Estado de Derecho hay frenos y contrapesos y que las instituciones de derechos humanos pueden llegar a incomodar a otras instituciones del mismo Estado. Es parte de la naturaleza de su labor. No entenderlo así sería sin duda muy preocupante pues podría ser el inicio de caminos que han recorrido otros gobiernos que han emprendido políticas de prácticas autoritarias como el de Orbán en Hungría, el de Bukele en El Salvador o el de Ortega en Nicaragua.