Cuando la seguridad comienza a parecerse al autoritarismo
Por Juan Vera Carrasco
Presidente del Movimiento Autónomo de Vivienda — MAV
Señor Director:
Hay reformas que deben analizarse no solo por lo que prometen combatir, sino también por el poder que entregan a quienes gobiernan.
La reforma constitucional impulsada por el Presidente José Antonio Kast se presenta bajo una palabra que nadie podría cuestionar: seguridad. Pero detrás de esa palabra existe una discusión mucho más profunda y peligrosa para nuestra democracia: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el Estado limite las libertades de los ciudadanos?
Cuando hablamos de ampliar facultades excepcionales estamos entrando en un terreno delicado: libertad personal, libertad de locomoción, derecho de reunión, privacidad de las comunicaciones, intervención de documentos y posibilidades de arresto bajo un régimen excepcional.
Entonces debemos atrevernos a formular la pregunta incómoda:
¿Qué ocurrirá mañana si estas herramientas dejan de aplicarse solamente contra el crimen organizado y comienzan a afectar al ciudadano común y corriente?
Al trabajador que participa en una movilización.
A la pobladora que defiende su derecho a una vivienda digna.
Al estudiante que protesta.
Al dirigente vecinal.
A una organización territorial que incomoda al poder.
O simplemente a cualquier ciudadano que legítimamente piensa distinto al Gobierno de turno.
Ese es el verdadero peligro de entregar facultades extraordinarias: una vez incorporadas al ordenamiento jurídico, no pertenecen solamente al Presidente que las propone. Quedan en manos del poder.
Chile ya conoce lo que ocurre cuando, en nombre del orden y la seguridad, se normalizan herramientas propias de un régimen autoritario.
Por eso no basta con decirnos: “esto es para combatir a los delincuentes”.
Queremos saber quién controla al que controla, quién fija los límites y qué garantías reales tendrá un ciudadano frente a un eventual abuso del Estado.
Porque existe una frontera que una democracia jamás debería cruzar: aquella donde para sentirnos seguros tenemos que comenzar a renunciar a nuestras propias libertades.
Combatir el crimen organizado es indispensable.
Pero combatir el crimen no puede significar convertir al ciudadano en sospechoso, la protesta en amenaza, la organización social en enemigo ni la libertad en un privilegio que la autoridad pueda conceder o restringir a voluntad.
Hoy nos dicen que estas herramientas son contra el crimen organizado.
La pregunta que Chile debe hacerse antes de entregar este poder es mucho más simple: ¿quién puede asegurarnos contra quién se utilizará mañana?
Juan Vera Carrasco
Presidente
Movimiento Autónomo de Vivienda — MAV
Peñalolén