Víctimas de adopciones forzadas exigen restitución de Unidad de Búsqueda y garantía de derechos
La Subsecretaría de Derechos Humanos canceló la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares que comenzó a funcionar en febrero de este año.
El objetivo de la Unidad estaba pensado para realizar las investigaciones administrativas solicitadas por el poder judicial, brindar acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas y crear un banco de huella genética.
“Esto no fue algo de buena voluntad sino que es una ley que respalda a lo que es la UBAFI”, explica Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, precisando que su creación es el resultado de un mandato legal bajo la ley de Reajuste del Sector Público 2026:
“Lamentablemente quedamos en 0”, dice la dirigenta frente a otra fallida respuesta por parte del gobierno de turno que contrasta con las más de 4 décadas de adopciones irregulares en Chile y cuya indagación no cuenta con el necesario respaldo para la recopilación de información y de reparación:
El ministro a cargo, Alejandro Aguilar, investiga desde los años 60 al 2005, acota la presidenta, y “se refiere en un momento que después del 83’ hay más de 23 mil niños que se sacaron desde Chile (…) Deben haber más de 40 mil o más afuera, además de los que están en Chile”:
Más aún, el mismo 22 de junio cuando dicha unidad se disolvió por la resolución exenta N° 207 del Ministerio de Justicia, el gobierno de Noruega emitió un informe “Responsabilidad, riesgo y confianza”, precisa que 314 niños y niñas chilenos, fueron víctimas de adopciones forzadas o irregulares.
“Cuánto les cuesta un hijo”
“Esto ha sido tierra sobre tierra”, expresa Rodríguez, señalando que desde el inicio de la organización han logrado llevar cerca de 400 encuentros, pese a no tener aún, después de más de 10 años, ni siquiera un lugar físico propio para llevar a cabo su misión. “Si llevamos esa cantidad que más vamos a pedir que el Estado se haga cargo y que podría encontrarlos a todos”, plantea:
Las madres vulneradas, víctimas de la adopción forzada, hoy son mujeres de avanzada edad y varias han fallecido. En tal estado de impunidad, algunas se han enterado que sus hijos están vivos al solicitar, por ejemplo, el beneficio de Bono por Hijo, relata Marisol Rodríguez:
“Muchos de ellos están en extranjero y tienen doble identidad, dos nombres porque no fueron adoptados legales en Chile, precisa la dirigenta sobre quienes fueron arrebatados de sus madres y sobre la alta tasa de suicidio asociada: “(que) ellos busquen a sus familias y se encuentren que no fueron adoptados legalmente, que fueron robados que hay una madre sufriendo, que lo que le contaron toda su vida es una mentira es realmente fuerte y es doloroso”.
Desde la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Pablo Mira se indica que esta cancelación responde a una reestructuración, apuntando a su vez, a la no existencia de requerimientos legales para dar razón al funcionamiento de las investigaciones administrativas. “Hay una justificación que no hay un trabajo que se esperaba apuntando al costo. A las personas que tomaron esta decisión les pregunto, cuánto les cuesta un hijo”, interpela la dirigenta:
Si bien son más de 20 países los que han emitido sobre las adopciones forzadas de niñas y niños chilenos, la presidenta de Hijos y Madres del Silencio precisa que pudieran activarse requerimientos tras el reciente informe del gobierno noruego y que están en conversación con parlamentarios para abordar el cierre de la unidad.
Asimismo remarcó que entre las demandas que hoy exigen está la restitución de la UBAFI, la urgencia de implementar un banco de huella genética sin una condición previa de abrir un proceso judicial: “Hay muchas personas que son apropiadas o que están fuera de Chile y que no quieren hacer una denuncia porque creen que va a afectar a sus padres de corazón como le llaman ellos y que no son adoptivos porque no hay un proceso legal”
“Eso es de suma importancia dado que están falleciendo nuestras madres”, enfatiza Marisol Rodríguez, junto con remarcar la necesidad de garantizar acompañamiento tanto jurídico como en materia de bienestar psicológico: “Hay un gran problema de salud mental dentro de las búsquedas. Es muy fuerte, necesitamos acompañamiento psicológico y se necesita un lugar para poder realizar los encuentros”.