¿Mordaza a la justicia ambiental? Presidente de Fenatrama impugna indicaciones medioambientales de mega reforma
La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente Fenatrama manifestó su rechazo a las modificaciones que en materia medioambiental han sido ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional.
La iniciativa que este miércoles se vota a total despacho en sala del Senado se le objeta perjudicar los mecanismos de acceso a la justicia ambiental y deteriorar el ejercicio del rol preventivo del Estado. Francisco Cabrera, presidente de la federación, se refirió a una de las indicaciones más bulladas como es la indemnización que las empresas podrían exigir a un tribunal, si revoca una resolución de calificación ambiental.
“Es raro que el Estado venga a dar una indemnización a un proyecto cuando es impugnado”, plantea: “No puede subsidiar los errores o los procesos que se llevan adelante en este tipo de materias”.
Asimismo desmintió que el levantamiento de este tipo de recursos legales amparados por la ley 19.300 desincentivan la inversión, dado que solo el 2% de los proyectos son revocados bajo esta figura:
Otro aspecto que se busca modificar y que se enmarca dentro de los recursos de reclamación que ofrece la ley, posterior a la aprobación de un proyecto de inversión, es la reducción de los dos años para cursar un proceso de invalidación a solo 6 meses:
“Creemos esa una cantidad de tiempo muy exigua”, dijo el dirigente respecto al desmedro en que queda la ciudadanía y los espacios naturales frente al poder económico: “Se atenta con el acceso de la justicia ambiental”.
Otro punto es la eliminación de la invariación administrativa de las resoluciones de calificación ambiental que resultan ser favorables o aprobadas. Es decir, “cuando se detecte un vicio de legalidad, incluso, alguien podría decir que hay un vicio y que se estudie, eso se quiere eliminar; eso lo presentan fundamentalmente las ONGs y la ciudadanía y eso también genera una asimetría”, indicó.
Otro aspecto en cuestión apunta a la industria salmonera con la indicación referente a las concesiones acuícolas y sus relocalizaciones. Según lo expresado por Cabrera “no queda claro en la reforma la vía de traspaso de un proyecto que está en un área protegida a un área no protegida y viceversa y ahí hay un vacío que no se entiende bien”.
En Chile son más de 1400 las concesiones acuícolas para esta industria, donde el 30 % de ellas se encuentran dentro de parques o reservas nacionales. El rubro recauda US 6000 millones al año y ha crecido su producción en toneladas desde los años 90 en cerca de un 3000%. Los cuestionamientos a la sobreexplotación tienen evidente asidero.
“Ahí va directamente sobre la protección ambiental, sobre la biodiversidad que tenemos que proteger y atenta directamente a la ley 19300 respecto de tener un medioambiente libre de contaminación”, acota el presidente de Fenatrama aludiendo a un derecho consagrado en la Constitución.
Sin embargo, “uno de los mayores problemas que tenemos para las concesiones acuícolas y la fiscalizaciones y sobre todo lo que está pasando con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es que existe un retraso de la puesta en marcha del este servicio”, dijo sobre el traspaso de los funcionarios de Conaf a la SBAP, situación que está haciendo mella en el monitoreo de las áreas en protección.
El presidente de Fenatrama también hizo saber el trato que han recibido por parte de las autoridades políticas y legislativas cuando han querido hacerse presente en la discusión del proyecto en cuestión. No obstante, sus solicitudes han sido ignoradas:
“Vamos a intentar llevar conversaciones con algunos parlamentarios y si no somos escuchados quedaremos alerta. Haremos las denuncias correspondientes para dar cuenta que hay un perjuicio respecto al patrimonio ambiental de este país”, precisó el dirigente frente al debate en torno a la llamada mega reforma.