Menos publicidad y alimentos más accesibles: la propuesta U. de Chile para prevenir el cáncer

Desde 2019, el cáncer alterna con las enfermedades cardiovasculares como la primera o segunda causa de muerte en Chile. Y todo indica que será el cáncer el que ocupe el primer lugar, porque las proyecciones internacionales anticipan que los casos podrían aumentar un 77 % hacia 2045 si no se implementan políticas preventivas efectivas.

Frente a este escenario, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Chile publicó el policy brief “Alimentación saludable para prevenir el cáncer: recomendaciones para entornos alimentarios más justos y protectores en Chile”. El documento sostiene que la conducta alimentaria no depende únicamente de decisiones individuales, sino de los entornos en que las personas viven: la disponibilidad, el precio y la publicidad de los alimentos determinan en gran medida qué se come y quién come qué.

Diego Cruz Lathrop, parte del equipo autoral del documento, advierte que “mirar estas graves afecciones exclusivamente desde el lente de los servicios oncológicos o clínicos nos condena crónicamente a llegar tarde; intervenir para generar entornos alimentarios más protectores y más justos es una vía sostenible y duradera para enfrentar este problema”.

La alimentación como factor de riesgo modificable

La evidencia científica acumulada indica que casi la mitad de las muertes por cáncer son atribuibles a factores de riesgo modificables, como la dieta inadecuada y la obesidad, que destacan entre los más relevantes. Patrones alimentarios con alta presencia de ultraprocesados, carnes procesadas y bebidas azucaradas se asocian a mayor riesgo de cáncer colorrectal, gástrico y hepático, mientras que dietas ricas en frutas, verduras, legumbres y granos integrales ejercen efectos protectores.

En Chile, más del 95 % de la población requiere cambios en su dieta y la malnutrición por exceso afecta a más del 70 % de los adultos y a más del 50 % de los escolares. Sin embargo, estas cifras no se distribuyen de manera homogénea: el nivel socioeconómico, el territorio, el género y la pertenencia étnica determinan quiénes quedan más expuestos a entornos alimentarios poco saludables.

Al respecto, Verónica Iglesias Álamos, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), señala que “la epidemiología permite identificar qué patrones alimentarios se asocian de manera consistente con un mayor o menor riesgo de cáncer en la población”, y que esa información “es necesaria para diseñar políticas basadas en evidencia y orientar los recursos hacia intervenciones que pueden generar beneficios concretos para la salud de la población”.

Dos medidas estructurales y complementarias

El policy brief concentra sus recomendaciones en dos dimensiones del entorno alimentario que cuentan con mayor evidencia de impacto, viabilidad regulatoria y criterios de equidad.

La primera es la implementación de subsidios directos del orden del 10 % al 15 % del valor de frutas, verduras, legumbres y pescados, focalizados en hogares de bajos ingresos, entregados mediante vouchers electrónicos, tarjetas de prepago o códigos QR canjeables en supermercados, ferias libres, mercados de productores y almacenes de barrio. Lorena Rodríguez Osiac, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y parte del equipo autoral, explica que la asequibilidad es el acceso económico a los alimentos saludables, y que para lograrlo “tendría que haber mecanismos de subsidio o de apoyo económico (…) mediante impuestos a los alimentos no saludables y algún tipo de subsidio a los alimentos saludables, de tal manera que lo saludable cueste notablemente más barato que lo no saludable”.

La segunda medida apunta a ampliar la restricción de publicidad de alimentos “altos en” —actualmente vigente solo para menores de 14 años— hasta los 18 años, incorporando de manera explícita los entornos digitales: redes sociales, contenidos patrocinados e influencers. Diego Cruz Lathrop advierte que “el entorno digital permanece insuficientemente regulado, convirtiéndose en la principal vía de exposición para la juventud”, y que “fortalecer esta legislación y ampliar la cobertura etaria es una obligación de política pública indispensable para restar presencia a las dietas de riesgo”.

Vacíos en el marco regulatorio vigente y factibilidad de las propuestas

Chile cuenta con un andamiaje normativo relevante en materia de alimentación: la Ley N° 20.606, la Ley N° 20.869 y el impuesto a las bebidas azucaradas, cuya aplicación ha mostrado resultados concretos: la exposición infantil a publicidad de productos “altos en” se redujo un 73 % y las compras de bebidas azucaradas disminuyeron entre un 23 % y un 24 %. Sin embargo, persisten brechas en la publicidad digital, en la protección de adolescentes de 15 a 18 años y en instrumentos fiscales que mejoren el acceso económico a alimentos saludables.

Verónica Iglesias destaca que “más que crear nuevas estructuras, el desafío principal es fortalecer la coordinación entre sectores y dar prioridad política a medidas preventivas que ya cuentan con respaldo técnico y científico“. En la misma línea, Lorena Rodríguez Osiac subraya que “la evidencia científica ya está disponible y apoya que se apliquen medidas más estructurales”, aunque reconoce que se requiere “voluntad política y la convicción técnica de que esto es necesario”.

Vacíos en el marco regulatorio vigente y factibilidad de las propuestas

Las autoras y autores del documento subrayan que, implementadas de manera conjunta, ambas medidas actúan sobre los determinantes más estructurales de la conducta alimentaria, mejoran la asequibilidad de las opciones saludables y reducen la exposición a los estímulos que promueven el consumo de ultraprocesados.

Según Cruz Lathrop, “al desplazar el problema desde el box de atención hacia el entorno, la interdisciplina transforma radicalmente la naturaleza de las soluciones; así, la respuesta ya no radica en la mera consejería individual, sino en la articulación de políticas públicas y herramientas fiscales eficaces“.