Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile manifiesta preocupación por utilización política de niñez migrante y adolescentes
Una gran alarma generó en Chile semanas atrás, el preinforme de Contraloría sobre el desconocido paradero de 200 niños haitianos quienes finalmente fueron localizados por la Policía de Investigaciones.
Sin embargo, las especulaciones vertidas en torno a un posible caso de trata de personas o tráfico de órganos, han ocasionado graves efectos, señala la presidenta del Colegio de psicólogas y Psicólogos de Chile, Francisca Pesse:
La dirigenta transmitió la preocupación por esta situación -al igual como se indica en la declaración emitida por el Colegio- que tiene un trasfondo en la modificación a la ley de extranjería que promueve el gobierno, y donde el Presidente Kast respaldó el que entidades de salud, educación y de previsión social, públicas o privadas, entregasen obligatoriamente información sobre migrantes irregulares.
Si bien el proyecto está en tramitación y en discusión legislativa, “pone una barrera en el acceso a un derecho como es la salud y pone a las personas que trabajan en la red de salud, en un lugar en el que deben infringir el código de ética profesional”, precisa Francisca Pesse.
“Se instala un sello de discriminación muy complejo de un grupo de personas que es de alto riesgo de vulneración”, añade sobre la nueva amenaza que emerge para la comunidad migrante haitiana y migrante en general y por el retroceso que eso implica:
“Lo que debe hacer el estado es proteger y garantizar derechos y en eso habíamos avanzado y lo que está haciendo desde el gobierno de turno es exactamente lo contrario”, sostiene.
La escuela habla
Otro dato que incluye el Colegio en su declaración, refiere al ausentismo escolar que han reportado algunas municipalidades sobre sus centros educativos, así como se ha observado una disminución de público en los programas de vacunación: “Hay una brecha mayor a otras campañas de invierno lo que sin duda tiene una implicancia en la prevalencia de las enfermedades estacionales y ello también impacta a la comunidad y a la población en general”, precisa la dirigenta:
Por otro lado, si bien la ubicación de los niños haitianos por la PDI podría poner en entredicho el foco del gobierno respecto a la política migratoria, es observable que la reunificación familiar es una demanda necesaria y de interés de la población migrante.
Al respecto, Francisca Pesse indica la reunificación es una política que responde a un estándar y no constituye ser una medida gubernamental en particular:
“Si queremos avanzar en la garantía de derechos de esos niños y niñas en situación irregular seguramente lo que tenemos que dar son otros pasos”, indicó.
¿Responsabilidad penal sin derechos?
Asimismo, Francisca Pesse alertó sobre el contexto político mundial de mucha exaltación y donde se da cabida a una lógica de la seguridad pública en la que “se justifican inclusive medidas vulneratorias”.
“Eso sigue, por ejemplo, la idea de querer juzgar a infractores de ley menores de 18 años enl justicia ordinaria que es para mayores de 18 años”, dijo acerca del proyecto que busca modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, pero que no coincide con respetar derechos ciudadanos acorde a esa edad:
“Hay ciertos discursos en relación a las niñeces y a la adolescencia que generan mucho ruido. Nosotros como profesionales de la salud, nos llama la atención cómo se utiliza a este grupo etario para hacer política”, concluyó la dirigenta.