Cuando la seguridad cruza la línea

Columna de opinión por Ricardo Cornejo Expresidente del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Quinta Normal. Estudiante del Liceo 7 de Providencia

La decisión del Tribunal Constitucional de retener y declarar inconstitucionales partes centrales de la Ley Escuelas Protegidas constituye, -según esta visión-, una evidencia directa del tipo de políticas de corte represivo que pretende instaurar José Antonio Kast en el país, al proponer una normativa que vulnera expresamente los principios y derechos consagrados en la propia Constitución.

Si bien, no resulta sorprendente que el actual Ejecutivo busque formas de limitar la acción de los grupos que manifiestan su desacuerdo con sus lineamientos, el hecho de haber estructurado un proyecto de ley cuyos pilares fundamentales fueron calificados por el máximo tribunal como jurídicamente inviables representa un claro fracaso político de las directrices impulsadas por el Jefe de Estado. Al mismo tiempo, este resultado permite a la comunidad comprender cuáles son los caminos que el régimen pretende seguir para enfrentar la supuesta situación de inseguridad que afecta a los establecimientos educacionales.

Por su parte, los defensores de la iniciativa sostienen que estas medidas eran estrictamente necesarias para dar respuesta a los episodios de violencia que se han registrado en distintos recintos educativos del país. Sin embargo, como queda demostrado con el fallo, la legítima búsqueda de mayor seguridad escolar no puede construirse ni alcanzarse a costa de restringir o eliminar derechos fundamentales garantizados por la Carta Magna.

Según lo señalado explícitamente por el Tribunal Constitucional, las disposiciones más severas y determinantes del proyecto afectaban directamente esas garantías esenciales. Al declararinconstitucional, por ejemplo, la facultad otorgada a Carabineros y a la PDI para revisar la vestimenta y los objetos de los menores de edad sin necesidad de contar con una orden fiscal basándose únicamente en “indicios”, el organismo lo declaro Ilegítimo debido al riesgo de arbitrariedad policial dentro de las aulas.

Del mismo modo, al rechazar la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria a los estudiantes que hubieran recibido sanciones bajo esta ley, el Tribunal argumentó que el castigo económico no puede convertirse en una herramienta de presión que termine anulando el derecho social a la educación, ni mucho menos quebrantando el principio básico de igualdad ante la ley.

Este revés judicial es el reflejo de una forma de hacer política que prioriza el populismo penal y el impacto comunicacional inmediato por sobre la seriedad, la prolijidad técnica y el respeto al marco legal vigente.

Intentar dar solución a las dinámicas complejas que generan violencia, conflictos y problemas de salud mental en las escuelas únicamente a través de mayor presencia policial, controles estrictos y formas de asfixia económica constituye en sí mismo un diagnóstico errado. La seguridad y la convivencia en los establecimientos educacionales exigen respuestas mucho más integrales: aquellas que combinen un apoyo verdadero y continuo en materia de salud mental, el fortalecimiento de los equipos encargados de la gestión de la convivencia escolar, mecanismos de intervención temprana frente a los primeros indicios de conflicto y políticas públicas de inclusión educativa que atiendan las causas profundas de los problemas.

En ese sentido , el pronunciamiento del Tribunal Constitucional le recuerda al Ejecutivo y a toda la autoridad que el orden público nunca se construye desmantelando las garantías constitucionales desde los mismos colegios, y que la seguridad de toda una nación jamás podrá alcanzarse si el precio que se paga es criminalizar a su propia juventud.

Por eso, compañeros, compañeras y compañeres: no podemos seguir permitiendo que proyectos de esta naturaleza sigan avanzando ni sean aprobados tal cual se presentan. Tenemos la responsabilidad y el deber de estar atentos, organizarnos y, si es necesario, salir a la calle para defender lo que es nuestro. Debemos darle un alto definitivo al rumbo de las medidas que viene tomando el mandatario, pues estas atacan y afectan derechamente todos aquellos derechos que nos fueron garantizados y que están consagrados tanto en la Constitución como en las leyes vigentes de este país.